El Gobierno nacional convirtió la Secretaría de Deportes en una Agencia a través de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU). Mauricio Macri dispuso la medida al entender que «deviene necesario un reordenamiento normativo que permita la toma de decisiones y ejecución de las políticas vinculadas al fomento del deporte en forma ágil y eficiente».

En sus considerandos, el Gobierno señaló que mediante la Agencia «se continuará con la ejecución de los programas de gobierno en materia deportiva, propiciando una política basada en los pilares de transparencia, desarrollo sustentable y sostenible del capital humano para la actual y futuras generaciones de deportistas».

La conducción y administración del nuevo organismo descentralizado y autárquico que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia estará a cargo de un director ejecutivo, con rango y jerarquía de secretario, y un subdirector ejecutivo, ambos designados por el Poder Ejecutivo nacional.

Según se desprende del artículo 4 de la norma, el organismo manejará los ingresos de recaudaciones; ventas, locaciones u otras formas de contrataciones de sus bienes muebles y servicios; lo producido de la organización de eventos; recursos obtenidos de contratos onerosos de concesión, permiso de uso, locación, derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo su custodia; fondos provenientes de la explotación de bienes muebles y de los servicios arancelados; aranceles y tasas que perciba como retribución por servicios adicionales que preste; contribuciones, subsidios, cesiones, herencias, legados y donaciones de bienes muebles que reciba.

Dentro de la Agencia funcionará un Consejo Consultivo que estará presidido por el director ejecutivo y se conformará con los titulares de las áreas con competencia en materia deportiva de cada provincia que adhiera y de la ciudad de Buenos Aires. Además, contará con representantes del Comité Olímpico Argentino; del Comité Paralímpico Argentino; de la Comisión de Deportes de Cámara de Diputados y del Senado. Todos sus miembros, indica la norma, tendrán carácter «ad honorem».