El Gobierno resolvió disolver la Agencia Nacional de Discapacidad y concentrar sus atribuciones en el Ministerio de Salud. La medida se concretó luego del impacto político que generó la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y en un contexto de acusaciones cruzadas por presuntas maniobras irregulares dentro del organismo.

La definición se conoció a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que “la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”. El área quedó bajo la órbita del ministro Mario Lugones y pasó a integrarse de manera directa a la estructura sanitaria nacional.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la decisión respondió a un diagnóstico previo sobre el funcionamiento de la agencia. Adorni señaló que la ANDIS nació en 2017 como un ente descentralizado, pero sostuvo que con el paso de los años acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

El funcionario enumeró una serie de situaciones detectadas durante las revisiones internas. Mencionó pensiones que continuaron activas tras el fallecimiento de sus beneficiarios, otorgamientos sin respaldo documental y certificaciones médicas sin aval clínico. También apuntó contra organizaciones que facturaron servicios inexistentes y describió casos en los que “solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores” en supuestos centros de atención.

Con el traspaso al Ministerio de Salud, el Gobierno afirmó que buscó ordenar el sistema y reforzar los controles. Adorni aseguró que las políticas de discapacidad se administraron desde ahora con auditorías permanentes, trazabilidad de expedientes y criterios sanitarios unificados. Además, destacó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que implicó una reducción del 45,7 por ciento en la estructura jerárquica.

Desde la Casa Rosada insistieron en que la decisión no afectó a los beneficiarios. El jefe de Gabinete remarcó: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, y reiteró que ninguna prestación perdió vigencia tras el cierre del organismo.

La medida recibió críticas desde la oposición. El exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo cuestionó el cambio de esquema y advirtió sobre sus consecuencias. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó: “Disolver la ANDIS es un retroceso grave”, y sostuvo que la discapacidad no se limitó a un abordaje sanitario. También alertó que el traspaso “desoye años de lucha” y “no debe volver al modelo médico”, en referencia a los compromisos asumidos por el país en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Disolver la ANDIS es un retroceso grave.
La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte.
Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico.

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) December 30, 2025

El cierre de la ANDIS abrió un nuevo frente de debate político y expuso una tensión de fondo sobre el enfoque de las políticas públicas en discapacidad, en un escenario atravesado por denuncias judiciales y definiciones estructurales del Gobierno libertario.