En medio del comienzo de una semana caliente para la gestión libertaria, una fuente cercana a las negociaciones parlamentarias aseguró que “no se puede suspender algo que todavía no fue convocado. Todo dependerá de las circunstancias”, en referencia a la posibilidad de que la sesión del Senado programada para el jueves finalmente no se lleve a cabo.

El Gobierno tenía la intención de someter a votación ese día la mayoría de los proyectos que envió al Congreso para su tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias, cuyo cierre está previsto para el 21 de febrero.

Sin embargo, el panorama para el oficialismo se tornó complejo al inicio de la semana, luego de la controversia generada por la promoción de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei, un hecho que derivó en una presunta estafa estimada entre 80 y 100 millones de dólares.

Ante esta situación, la oposición más férrea impulsó un pedido de juicio político contra el mandatario, mientras que dirigentes de distintos espacios políticos, incluido el PRO, manifestaron su preocupación por lo sucedido.

El lunes, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, pasó gran parte de la jornada en su oficina, manteniendo comunicación telefónica con distintos senadores para evaluar el escenario de cara a la sesión.

Desde el Poder Ejecutivo confiaban en poder asegurar el respaldo de los legisladores indecisos antes del encuentro parlamentario, con el objetivo de garantizar la aprobación de la eliminación de las PASO y el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la irrupción del escándalo en torno a la criptomoneda alteró los planes del oficialismo.

El propio Javier Milei reconoció haber cometido un «error no forzado» y abordó el tema en una entrevista televisiva, en la que estuvo acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei; su asesor, Santiago Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el integrante del equipo de comunicación, Santiago Oría; y la diputada Lilia Lemoine.

El presidente mostró preocupación por la repercusión de su mensaje en redes sociales y, desde la Casa Rosada, adelantaron que endurecerán los filtros para quienes busquen acceder a él.

A nivel judicial, en cambio, dentro del Gobierno no hay inquietud. La postura oficial sigue siendo que se trató simplemente de un comentario más del líder libertario en su cuenta de X, sin implicancias legales.

“No hay una estrategia judicial porque no vemos que haya ningún delito, todas las denuncias que se presentaron hasta el momento no tienen sustento”, sostuvo un funcionario antes de ingresar al ala presidencial en Balcarce 50.

En este contexto, uno de los abogados que asesoran al jefe de Estado es Francisco Oneto, quien en 2023 fue candidato a vicegobernador de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

“El Presidente no promocionó nada, solo celebró el interés de una empresa en el mercado argentino. Los ciudadanos de buena fe no tuvieron perjuicio. Si por ciudadano de ‘buena fe’ entendemos al laburante, probablemente ni siquiera sepa cómo comprar este token”, respondió Oneto al diputado Miguel Ángel Pichetto, quien había pedido explicaciones sobre el tema.

Mientras Lisandro Catalán trabajaba en la obtención de votos para la eliminación de las PASO, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, centraba sus esfuerzos en garantizar la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema.

La candidatura obtuvo dictamen con el respaldo de senadores oficialistas como Ezequiel Atauche, así como de aliados como Carlos Espínola (Provincias Unidas), Eduardo Vischi (UCR), Beatriz Ávila (PRO) y Juan Carlos Romero (peronismo disidente). Además, contó con el apoyo de legisladores cercanos al kirchnerismo, entre ellos Sergio Uñac, Lucía Corpacci, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y Carlos Arce.

En el Gobierno sostienen que el PJ “continúa teniendo opiniones divididas”, lo que impediría un voto unificado, aumentando las posibilidades de que el pliego de Ariel Lijo sea aprobado.

Respecto al resto de los proyectos que se debatirían en la sesión —aún sin convocatoria oficial—, en el oficialismo confían en que “van a salir de forma rápida porque ya hay consenso suficiente”.

En este contexto, en la Casa Rosada creen que propuestas como los regímenes de reiterancia y reincidencia, así como el juicio en ausencia, no generarán mayor debate y se convertirán en ley sin inconvenientes.

El panorama es distinto para la nueva Ficha Limpia, cuyo análisis en comisión está previsto para el miércoles. Debido a los tiempos legislativos, no podría ser votada esta semana, por lo que su discusión quedaría postergada para el período de sesiones ordinarias.

Sobre la situación en la Corte Suprema, la postura del Gobierno libertario es firme: el primero de marzo, cuando Milei inaugure el año legislativo, tanto Ariel Lijo como Manuel García-Mansilla estarán presentes en el Congreso, ya en sus nuevos cargos dentro del máximo tribunal. Incluso, no descartan que, de ser necesario, ambos sean designados por decreto.