El Gobierno del presidente, Javier Milei, acordó con UPCN un incremento salarial del 2% para septiembre y solo del 1% para octubre, y decidió no conceder más aumentos para el resto del año. Esta decisión forma parte de una estrategia para controlar la inflación, moderando las subas salariales en el sector público con la esperanza de que esta postura también se traslade a las negociaciones en el sector privado.

El objetivo del Gobierno es reducir la presión inflacionaria al limitar los aumentos salariales, buscando que el número vaya hacia niveles cercanos al 0% al final del año. Al implementar este «congelamiento» salarial, pretende enfriar las expectativas salariales en toda la economía.

La administración libertaria de Milei busca establecer primero los aumentos salariales en el sector público para influir en las negociaciones de los gremios y empresas en el sector privado. El plan es que las subas salariales en el sector público sirvan de referencia para las paritarias del último trimestre, con el objetivo de encauzar las expectativas inflacionarias hacia un rango de alrededor del 3% en septiembre y cerca del 2% en octubre, para luego continuar con una tendencia a la baja.

El esquema propuesto por el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, plantea que los incrementos salariales para octubre se mantengan en torno al 2%, y que, a partir de ahí, se establezca un período de congelamiento durante noviembre y diciembre. Esta estrategia busca controlar la inflación de manera más agresiva en los últimos meses del año.

Sin embargo, este enfoque audaz del oficialismo podría incrementar la presión social y económica, especialmente con el crecimiento de la pobreza que se reflejará en las próximas estadísticas oficiales. La tensión generada por estas políticas podría tener un impacto significativo durante las festividades de fin de año, aumentando el riesgo de descontento social.