Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, anunció este martes que dejarán sin efecto una resolución que publicaron en el Boletín Oficial el mismo día. Se trata de una modificación que aumentaba los aranceles cobrados por el Registro Automotor en las transferencias de vehículos que, finalmente, consideraron que “incluso sin ellas, se mantiene una correcta ecuación económico-financiera”.

“Luego de revaluar la situación hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores”, informó Cúneo Libarona en su cuenta de X (antes Twitter), junto a dos imágenes de la resolución que saldría publicada el miércoles por la madrugada.

La resolución modificaba los aranceles percibidos por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, junto con los montos mínimos y máximos para la liquidación de emolumentos por parte de los encargados de estos registros. Los cambios implicaban la actualización de los anexos que detallan los aranceles y montos.

El gobierno había citado a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios al señalar que los aranceles de las transferencias de vehículos no habían sido “adecuados” desde el 31 de octubre de 2023 y que era “necesario” que rija un equilibrio “entre el valor de los bienes alcanzados por ese sistema registral y los aranceles que deben solventar los usuarios”.

Sin embargo, al momento de cancelar la resolución N° RESOL-124-21-APN-MJ con fecha de redacción del 12 de abril de 2024, el ministro argumenta que tuvieron en cuenta “las fuertes bajas en las expectativas de inflación para los próximos meses” y que “teniendo en cuenta los índices de operaciones que realizan las seccionales, se verifica una disminución de trabajo y, en consecuencia, una menor necesidad de erogaciones para los titulares de los Registros”.

La obtención del Título del Automotor o su duplicado tiene un costo $920 y la certificación de firmas (que se abona una vez por firma y en cada trámite), $1.300. Con la resolución que había promulgado el gobierno este mismo martes, esos valores ascendían a $3.870 y $2.990, respectivamente. Además, la transferencia de automotores para transporte de pasajeros o de carga tiene un costo de $60.000 y se iba a $157.000. La transferencia de autos subastados, armados fuera de fábrica o clásicos se paga $19.500 y hubiera aumentado a $45.000.

Con el DNU, Milei quería “reducir costos”, pero la Asociación de Encargados de Registros está en crisis

Apenas asumió, el gobierno de Javier Milei apuntó a una profunda digitalización de todos los trámites, pero ese proceso todavía no se concretó. Los cambios figuran en el DNU 70/23. Son 13 artículos que modifican artículos e incisos de un decreto de 1958 que luego fue ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, donde se regula el régimen jurídico del automotor. Según su discurso, el presidente tenía el objetivo de «reducir costos» y terminar con los “mecanismos de intermediación ineficientes”.

Luego, el gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros. También se puso en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros.

“Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron desde la cartera de Justicia.

El gremio que representa a los encargados de los registros venía reclamando hace tiempo que se suban sus emolumentos. “Han transcurrido ya más de tres meses y no hemos tenido ningún tipo de contacto que permita vislumbrar una pronta medida que al menos ayude a paliar en parte el desfinanciamiento que venimos padeciendo”, denunció la Asociación de Encargados de Registros (AAERPA).

“Ninguna autoridad del Ministerio a su cargo tomó contacto con nosotros encontrándonos además de la crítica situación económica con un estado de incertidumbre acerca del devenir”, señaló AAERPA. Esa misma nota planteaba que la situación es “insostenible” y remarcaba que había generado renuncias de encargados y despidos de empleados.