El Gobierno de Javier Milei continúa con su plan de desregulación y achicamiento del Estado, y para ello avanza en la elaboración de un nuevo decreto que incluiría la eliminación o fusión de múltiples organismos públicos. La tarea está en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el apoyo del asesor presidencial Santiago Caputo, ambos figuras centrales en la estrategia del Ejecutivo para profundizar las reformas iniciadas en diciembre.

El martes por la mañana, Sturzenegger se dirigió a la Casa Rosada para mantener una reunión clave con Caputo. En el encuentro también estuvo presente Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, quien es considerado su principal colaborador en la materia. Durante la jornada, en Balcarce 50 se desarrollaron varias reuniones con otros funcionarios estratégicos para avanzar en la redacción del decreto. Entre los presentes se encontraban el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi y el vocero presidencial Manuel Adorni.

El proyecto que impulsa el Ejecutivo tiene como objetivo continuar con el esquema de reformas iniciadas con el DNU 70/2023, por lo que la intención del presidente es que el nuevo decreto conserve el mismo número, en un gesto simbólico que refuerce su compromiso con la reducción del gasto público y el desmantelamiento de estructuras burocráticas. Sin embargo, a diferencia del primer decreto, este se centrará en áreas específicas del Estado que el Gobierno considera prescindibles o redundantes.

Según trascendió, en un primer momento Milei había mencionado que se analizarían unas 50 áreas para su posible eliminación o fusión, pero en el círculo íntimo del mandatario sostienen que el número podría ser aún mayor. “El Presidente dijo esa cantidad, pero estamos auditando más de un centenar y quizás nos quedemos cortos con el número: podrían ser 60”, detallaron fuentes del oficialismo. En este sentido, las evaluaciones abarcan más de 150 empresas descentralizadas, organismos y agencias dependientes de los ministerios o directamente de la Presidencia de la Nación.

Uno de los ejes principales del decreto será el sector aerocomercial, donde están bajo análisis organismos como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Aerolíneas Argentinas e Intercargo. En el caso del ORSNA, su función es regular y supervisar los servicios que se prestan en los 57 aeropuertos operativos del país. A pesar de que en algún momento se evaluó la posibilidad de fusionarlo con la ANAC, finalmente la idea fue descartada debido a la diferencia de funciones entre ambos organismos.

El proceso de reducción ya se había puesto en marcha el año pasado. Durante el 2024, el ORSNA achicó su estructura en un 20%, mientras que la ANAC no renovó los contratos de alrededor de 100 empleados. Además, recientemente la ANAC publicó en el Boletín Oficial la Resolución 86/2025, mediante la cual eliminó el registro de personal de rampa y un cuadro tarifario que afectaba a Intercargo, en lo que se interpretó como un paso más hacia la liberalización del sector.

El recorte de dependencias estatales también alcanzó otras áreas. La semana pasada, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, ordenó la disolución de la Secretaría de Prensa, que estaba a cargo del periodista Eduardo Serenellini. Su desplazamiento fue interpretado dentro del oficialismo como una señal de que el Gobierno continuará con la eliminación de estructuras que considera innecesarias. “Es un caso testigo de que sigue habiendo muchos cargos innecesarios. No puede relajarse nadie”, indicaron funcionarios cercanos al “Triángulo de Hierro”, el núcleo de poder que rodea a Milei.

En paralelo a estos cambios, el Ejecutivo avanza con la reorganización del esquema de transporte aéreo. En el Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, Sturzenegger anunció que las ciudades bonaerenses de Tandil y Olavarría volverán a contar con conexión aérea con Buenos Aires a través del Aeroparque Jorge Newbery. Según el ministro, esto es posible gracias a la reciente desregulación del sector, que apunta a fomentar la competencia y reducir costos operativos.

El Gobierno pretende que el nuevo decreto esté listo en un plazo de entre 10 y 15 días, es decir, antes de que finalice febrero. Sin embargo, el calendario podría verse afectado por la agenda del presidente, quien entre el 19 y el 22 de este mes viajará nuevamente a Estados Unidos para participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un evento clave para los sectores de derecha en Washington D.C.

A diferencia del primer DNU 70, que fue presentado en diciembre con un anuncio en cadena nacional, esta vez el Ejecutivo no tiene previsto realizar un acto similar. No obstante, se espera que el impacto del decreto sea significativo, ya que incluirá reformas en sectores estratégicos como el aerocomercial y el inmobiliario, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y reducir la intervención del Estado en estas áreas.

El avance de este nuevo paquete de medidas confirma la intención del oficialismo de profundizar su modelo de gestión basado en la desregulación y el ajuste del gasto público. A pesar de las dificultades políticas y judiciales que enfrentó el primer DNU, el Gobierno busca avanzar con una nueva etapa de reformas, acelerando el proceso de reestructuración estatal antes de que finalice el primer trimestre del año.