El reciente fallo de la Corte Suprema que restringe la reelección del gobernador Gildo Insfrán (Formosa) ha provocado incomodidad en el Ejecutivo. Desde la Casa Rosada calificaron la resolución de los jueces supremos como “político” y sostienen que “la Justicia nacional no debe intervenir los sistemas electorales de las provincias”. En el entorno presidencial consideran que el fallo “está mal fundado” y advierten que “si hacen todo mal, el pueblo va a ir a buscarlos”.

De esta manera, la Casa Rosada agudiza su conflicto con la Corte Suprema en un momento en el que se debate internamente sobre las designaciones por decreto en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El documento ya fue redactado y pasó por la revisión de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, quien responde al asesor Santiago Caputo.

Según fuentes consultadas, la mesa política del Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva respecto a la firma de los nombramientos y sigue insistiendo en tratarlos en el Senado. Continúan las negociaciones con los gobernadores y evalúan llevar los pliegos a sesiones extraordinarias programadas para febrero.

Por esta razón, el Gobierno ha decidido descartar la designación por decreto de los 150 jueces federales y planea enviar sus pliegos en febrero. Esta lista forma parte de las negociaciones en curso relacionadas con la Corte Suprema. Lo mismo se aplica al reemplazo de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación y a la Defensoría General, actualmente ocupada por Stella Maris Martínez.

El Gobierno sostiene que está dispuesto a negociar una ampliación de la Corte Suprema, pero ello dependerá de la votación de las candidaturas del juez federal y el académico en la Cámara Alta. Fuentes cercanas al presidente reconocen, además, que las negociaciones con el kirchnerismo no llegaron a buen puerto.

Por otro lado, el Ejecutivo ha optado por no pronunciarse públicamente respecto a la acordada de la Corte Suprema que establece un mecanismo para la elección de conjueces en caso de que la Corte funcione con tres integrantes. La única disidencia entre los jueces supremos fue la de Ricardo Lorenzetti.

“La acordada era lo que esperábamos y no lo entendimos como un ataque. No tiene nada que ver con nosotros y no vamos a hacer nada al respecto. No coincidimos igualmente en que la Corte pueda tener un buen funcionamiento con tres jueces”, explicó un alto funcionario.

El Gobierno y la Corte Suprema siguen jugando un partido de ajedrez político que perjudica a la democracia y al bienestar del país. Mientras el Ejecutivo intenta negociar a última hora los pliegos de la Corte, dejando en evidencia su falta de claridad y decisiones firmes, la Corte, por su parte, continúa funcionando bajo una lógica de intereses políticos más que judiciales. El espectáculo de negociaciones fallidas y promesas vacías solo refleja la ineficiencia de un sistema que debería velar por la justicia y el equilibrio, pero que, en cambio, se encuentra atrapado en disputas de poder que nunca parecen tener fin. La falta de consenso y el desgaste institucional evidencian un panorama preocupante, donde lo que menos importa es el bienestar de la ciudadanía.