El 28 de diciembre, un juez aceptó un amparo interpuesto por diversas organizaciones. Ahora, otro magistrado ha acogido la apelación del Ministerio de Justicia. Las entidades exponen sus argumentos.
En un contexto alarmante, donde se registra un femicidio cada 33 horas, el Gobierno apeló la orden judicial que le exigía mantener los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género. Esta decisión refuerza las críticas por el desmantelamiento de políticas públicas esenciales en el área.
La medida cautelar, presentada por diversas organizaciones como Ni Una Menos y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), buscaba impedir la reducción de recursos y personal en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Aunque la Justicia dio lugar parcialmente al reclamo, el Ejecutivo respondió con un recurso de apelación y logró habilitar la feria judicial para acelerar su rechazo, una acción cuestionada por expertos legales como Soledad Deza.
El Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, argumentó que la reestructuración es parte de una reorganización estatal, aunque las ONG señalaron que los programas están desfinanciados y con el menor alcance desde su creación. Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa advirtió que el Estado no garantiza los derechos de niñas y adolescentes afectados por estas decisiones.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal será la encargada de resolver si acepta el recurso del Ejecutivo. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de las políticas de género sigue creciendo, evidenciando la urgencia de priorizar la lucha contra la violencia machista en el país.
