El Gobierno llevó su disputa por la reforma laboral al máximo nivel judicial. Presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema con el objetivo de que se levante la cautelar que dejó en pausa buena parte de la ley aprobada por el Congreso. La medida había sido dictada por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda tras un planteo de la CGT.

El planteo oficial incluyó un punto central: sostuvo que la sola presentación del recurso debía tener “efecto suspensivo” sobre la resolución judicial. Con esa maniobra, la Casa Rosada intentó revertir de inmediato el freno sobre 82 artículos de la norma.

La presentación corrió por cuenta de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, con el respaldo jurídico de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio. El Ejecutivo evitó los caminos habituales. No acudió a la Cámara Laboral ni esperó la definición del fuero contencioso administrativo. Eligió ir directo a la Corte en busca de una respuesta rápida.

El escrito elevó el tono político y jurídico. Señaló que el fallo de Ojeda “compromete instituciones básicas del sistema republicano” al suspender una ley sancionada por el Congreso. También afirmó que la decisión judicial “excede el interés de las partes por afectar el régimen republicano de gobierno por el notorio avance que el Poder Judicial lleva a cabo sobre el Poder Legislativo”.

En la misma línea, el Gobierno reclamó una resolución urgente. Exigió “una resolución pronta y expedita para restaurar de forma inmediata la plena vigencia de la Ley 27.802”. Afirmó que la cautelar generó un daño de alcance nacional y advirtió: “Cada día que transcurre en vigencia la cautelar impugnada torna absolutamente irreparable el daño que se genera a nivel nacional”.

El Ejecutivo también cuestionó la actuación del magistrado. Sostuvo que el fallo presentó “numerosos supuestos de arbitrariedad” y que se apoyó en argumentos sin fundamento suficiente. Además, puso en duda la competencia del juez y señaló que no existió un caso concreto que justificara la medida.

El conflicto se desarrolló en paralelo a una disputa de competencia judicial. Una jueza federal había definido que el expediente debía tramitar en el fuero contencioso administrativo, lo que desplazó a Ojeda. Esa decisión había sido bien recibida por el Gobierno, pero no alcanzó para revertir la cautelar.

La CGT impulsó el freno judicial con un planteo de inconstitucionalidad. Apuntó contra varios artículos de la reforma laboral por considerar que afectaban derechos protegidos por la Constitución. Cuestionó cambios en indemnizaciones, limitaciones al derecho de huelga y modificaciones en convenios colectivos, entre otros puntos.

La cautelar dejó sin efecto medidas clave. Entre ellas, el nuevo esquema para trabajadores de plataformas, la posibilidad de fragmentar vacaciones, el banco de horas y cambios en la negociación colectiva. También alcanzó normas que reducían protecciones sindicales y modificaban condiciones de despido.

En ese escenario, el Gobierno apostó a una jugada directa ante la Corte con argumentos que generaron controversia. Buscó acelerar una definición y recuperar la vigencia de una ley que consideró central para su programa económico.