Tras un cierre agitado de la primera semana parlamentaria, el Poder Ejecutivo activó una revisión de su hoja de ruta legislativa con el objetivo de recalibrar prioridades y encarar el tramo final del año. En ese marco, la Casa Rosada resolvió reordenar la estrategia para el tratamiento del Presupuesto 2026, insistir en la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario en el Senado, y concentrar esfuerzos en la aprobación de la reforma laboral prevista para febrero. La definición fue tomada el jueves pasado por el círculo más cercano al presidente Javier Milei, durante una reunión realizada en el Ministerio del Interior, mientras la CGT se manifestaba en Plaza de Mayo.

El encuentro fue coordinado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación de los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt. La cumbre se realizó pocas horas después del revés sufrido por el oficialismo en la extensa sesión en Diputados y con Javier Milei presente en la sede de Gobierno.

“Después de tres años tenemos media sanción de Presupuesto. Faltaron cosas, algunas que eran muy importantes, como el energético o la coparticipación de la Ciudad. Tenemos que corregir las dos leyes que no se pueden pagar porque no estamos dispuestos a negociar el equilibrio fiscal”, sostuvo un funcionario que participó de las negociaciones.

Tal como informó este medio, la estrategia final del equipo económico y político —que incluso dejó abierta la posibilidad de vetar el Presupuesto si se aprobaba sin cambios— apunta a encontrar un mecanismo para reincorporar en el Senado los puntos del artículo 75 que fueron rechazados en Diputados y que, según el oficialismo, ponen en riesgo el superávit fiscal. Para ello, se analiza sumar un apartado específico durante el debate en la Cámara Alta, al tiempo que se vieron obligados a reordenar las prioridades previstas para los últimos días de 2025 y el inicio de 2026.

Aunque en Casa Rosada insisten en que los proyectos centrales siguen siendo los de Inocencia Fiscal y la “modernización” laboral, consideran imprescindible cerrar primero el capítulo presupuestario antes de avanzar con el resto de la agenda. “Inocencia fiscal es la ley más importante de nuestro gobierno”, repetían con énfasis el miércoles pasado.

Pese a admitir que la caída del capítulo XI representó una derrota, al menos en el plano discursivo, para una administración libertaria que había convocado a sesiones extraordinarias fortalecida por el triunfo electoral y la obtención de la primera minoría en Diputados, en el oficialismo destacaron —con cautela— la reacción positiva del mercado tras la media sanción.

El revés inicial dejó al descubierto errores internos y encendió el malestar de los socios del PRO, que a través de su jefe de bloque, Cristian Ritondo, acusaron al oficialismo de violar la Constitución tras la designación de nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Dentro del espacio violeta, además, surgieron cuestionamientos a la decisión de incluir el controvertido capítulo en el texto del Presupuesto 2026, lo que provocó que varios gobernadores aliados se desmarcaran: algunos con aviso previo y otros de manera inesperada, en un intento por evitar el costo político. Según al menos dos fuentes consultadas, la iniciativa original habría partido del ministro Luis Caputo, aunque desde la mesa política aclararon que la determinación fue consensuada.

“Nos jugamos un pleno. Si nos salía bien éramos los reyes absolutos. Ningún gobernador estaba verdaderamente en contra solo no quisieron pagar el costo político”, argumentó una fuente tras el rechazo del capítulo por 123 votos contra 117.

La sesión del miércoles concentró todos los condimentos de la política parlamentaria: negociaciones de último momento, enojos cruzados, bloqueos en WhatsApp, reproches internos y diagnósticos preliminares.

Luego de semanas en las que el Gobierno distribuyó cerca de $66.000 millones a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los gobernadores aliados marcaron distancia y quedaron divididos en dos grupos. Por un lado, aquellos a los que se les cuestiona el voto pero se les reconoce haber anticipado su posición, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Saénz (Salta). Por otro, los mandatarios radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y el neuquino Rolando Figueroa, entre quienes se registraron abstenciones y rechazos sorpresivos. “Nos cagaron casi todos, pero de algunos nos enteramos por la pantalla. El Gobierno sobrecumplió con ellos”, admitió una fuente legislativa.

Aun así, en La Libertad Avanza (LLA) descartan una ruptura con los gobernadores y anticipan que deberán “dejar de lado el perfil súper negociador” para recomponer puentes de cara al resto del temario de las sesiones extraordinarias.

Con los tiempos reconfigurados, el bloque violeta en el Senado trabaja para obtener dictamen del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, con la intención de avanzar en su tratamiento el viernes posterior a Navidad. En tanto, la fecha tentativa para debatir el texto con modificaciones en Diputados quedó fijada para el 29 de diciembre.

Los planes para la reforma laboral

Mientras la marcha peronista del acto de la CGT se filtraba por los pasillos de Casa Rosada, un funcionario valoraba que la central obrera protestara contra el proyecto de “modernización” laboral redactado por Federico Sturzenegger en una jornada sin actividad legislativa, y aseguraba que el Ejecutivo cuenta con margen para “mejorar la redacción” de algunos puntos con el objetivo de acercar posiciones con los gremios.

“Todo lo que no sea generación de empleo no es prioridad”, insistían. En paralelo, a pocos metros, el oficialismo lograba en el Senado el dictamen del proyecto con cambios en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, y la exministra adelantaba que el debate quedaría postergado hasta el 10 de febrero. Un escenario similar se repite con la Ley de Glaciares, reclamada por las provincias.

“Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo. Queremos tener el instrumento, no va a ser el final porque hay muchas cosas que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente en ese momento. Que vean que estamos abiertos a la escucha”, planteó Bullrich tras acercar posiciones con los aliados, aún tensos por lo ocurrido en Diputados.

Minutos antes, había lanzado una chicana virtual contra la conducción de la CGT luego de la movilización: “Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”. En Balcarce 50, aseguran, el mensaje fue tomado nota.

De cara a los próximos días, los operadores legislativos deberán ajustar la estrategia y mejorar los canales de diálogo con los aliados si el oficialismo pretende evitar nuevos tropiezos y acumular avances en el plano parlamentario durante el segundo tramo de la gestión.