La administración de Javier Milei puso en marcha este lunes un nuevo modelo para cubrir los costos de despido en reemplazo de las tradicionales indemnizaciones laborales. El mecanismo, denominado “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”, quedó regulado a través de la Resolución General 1071/2025 publicada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este esquema forma parte de las reformas impulsadas tras la sanción de la Ley Bases.

El nuevo sistema otorga a empleadores y trabajadores la posibilidad de constituir fondos destinados a cubrir compensaciones por desvinculación, como alternativa al régimen previsto por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La iniciativa contempla que cada parte defina el porcentaje de remuneración o monto fijo que aportará, además de la periodicidad de esos aportes. La participación será voluntaria y acordada en convenios colectivos.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aclaró que el nuevo régimen se sustenta en el artículo 96 de la Ley Bases. “Lo pueden hacer como quieran, con una única condición: la participación es voluntaria tanto para empresas como trabajadores. Este último punto es esencial, solo con esta premisa sabemos que el sistema será beneficioso para ambos”, afirmó.

Los instrumentos estarán estructurados como Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros. Todos deberán incluir en su denominación la frase “Cese Laboral” para permitir su rápida identificación. Los fondos serán inembargables y solo podrán recibir aportes de los empleadores y trabajadores involucrados en su constitución.

En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, no se utilizará un reglamento de gestión estándar, sino que cada uno deberá adecuarse a las características del régimen. Las sociedades depositarias deberán llevar registros de cuotapartes y subcuentas cedidas condicionalmente a favor de los trabajadores. Una vez concretado el traspaso de titularidad, el trabajador tendrá la disponibilidad del capital, aunque no podrá seguir invirtiendo en ese fondo.

El reglamento deberá detallar qué medidas se adoptarán ante una desvinculación, cómo se notificará fehacientemente al trabajador, y qué ocurrirá si no se configura una causal válida para transferir los fondos. Se establecerá un tope del 30% para inversiones por sector industrial y se prohibirá que los instrumentos adquieran activos del empleador.

En el caso de los Fideicomisos Financieros, la norma permite que el contrato no se someta al proceso habitual de aprobación con prospecto por parte de la CNV, aunque sí deberá publicarse en la Autopista de la Información Financiera. Estos fideicomisos podrán incorporar nuevos fiduciantes durante su vigencia si así lo prevé el contrato. Solo emitirán certificados de participación, sin colocación primaria de valores en mercados.

El contrato de fideicomiso también tendrá que especificar los procedimientos para efectuar los pagos a los trabajadores y qué ocurrirá con los fondos en caso de extinción laboral. Al igual que los fondos comunes, deberán evitar una alta concentración sectorial y excluir valores emitidos por las empresas empleadoras.

Las entidades fiduciarias podrán designar comités o asesores de inversión, con la condición de que no tengan relación con sindicatos y que sus costos sean razonables. Se estableció, además, que los trabajadores deberán recibir información actualizada sobre sus tenencias con una frecuencia mínima mensual.

La aprobación de este esquema fue posible gracias a la sanción de la Ley Bases. La norma obtuvo la aprobación en Diputados el 30 de abril con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. El Senado dio luz verde el 12 de junio tras un empate que resolvió la vicepresidenta Victoria Villarruel. En la votación final del 28 de junio en la Cámara baja, se ratificó el texto con 147 votos positivos.

Apoyaron el proyecto La Libertad Avanza, PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otros aliados. Rechazaron la norma Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y legisladores opositores como Natalia De la Sota y Martín Lousteau.

El Gobierno considera que este modelo representa un avance hacia una mayor flexibilidad laboral. Según la CNV, el objetivo es que estos instrumentos financieros se transformen en una opción moderna y sustentable para enfrentar el costo de las desvinculaciones, sin generar pasivos imprevisibles para las empresas.