El Estado dejará de ser querellante en la causa que investiga la deuda con el FMI
Economia
El presidente Javier Milei firmó un decreto para correr al Estado de la querella en la causa que investiga el préstamo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018.
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron este jueves un decreto para retirar al Estado nacional de la querella en la causa que investiga el préstamo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018.
«Derógase el artículo 1° del Decreto N° 239 del 8 de abril de 2021», indica el primer artículo del Decreto 87/2026 firmado por Milei y Cúneo Libarona, que significa dar marcha atrás con lo ordenado por el entonces presidente Alberto Fernández. Y en el segundo artículo, indica: «Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019».
La Causa N° 3561/2019, caratulada «Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública», se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires y busca determinar a los presuntos responsables de los delitos de acción pública que podrían haber damnificado al Estado nacional.
En 2021, Alberto Fernández instruyó a la Procuración del Tesoro a «iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal», y la Justicia la aceptó como parte querellante.
El decreto firmado por Milei señala que «sin embargo, el 2 de febrero del corriente año, la jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados» y «advirtió que gran parte de los cuestionamientos planteados en las denuncias constituían discrepancias con las decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias».
«La Procuración del Tesoro ha expresado, luego de un análisis de las actuaciones, que la resolución dictada ha respetado formalmente los parámetros constitucionales del debido proceso y que se ha fundado en el derecho vigente y en los hechos comprobados de la causa mencionada precedentemente», agrega el documento, y concluye que «el Ministerio Público Fiscal es el que se encuentra en la mejor posición técnica para impulsar la investigación».
