
La detención del senador en Paraguay, con miles de dólares sin declarar, desató una crisis política que amenaza con alterar el equilibrio de poder en el Senado. El oficialismo intenta desviar la atención sin lograr resultados contundentes.
El gobierno nacional enfrenta una tormenta política tras la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay, quien fue arrestado en la frontera con más de 200.000 dólares sin declarar. Este hecho marca un precedente histórico, ya que es la primera vez que un senador argentino es encarcelado en el extranjero. Desde entonces, Kueider permanece detenido en Asunción, lo que generó una crisis interna en la Casa Rosada, que busca desesperadamente restarle relevancia mediática al caso.
La situación ocurre en un momento particularmente delicado para el oficialismo, que está próximo a cumplir el primer año de mandato. Además, el escándalo se suma al revés que sufrió Javier Milei, quien enfrentó críticas por frenar el avance del proyecto Ficha Limpia en el Congreso. La inacción en esta iniciativa erosionó la narrativa libertaria de lucha contra las prácticas cuestionables de «la casta» política.
La implicancia de Kueider golpeó directamente a Santiago Caputo, asesor clave del Presidente, quien fue responsable de garantizar el apoyo del senador para aprobar la ley Bases. Este respaldo ocurrió en medio de versiones que apuntan al presunto pago de sobornos en dólares. Hasta ahora, Caputo no consiguió presentar una estrategia convincente frente al escándalo. Un dirigente político con acceso a la interna del oficialismo afirmó: “Santiago está desesperado por bajar el caso Kueider”.
En un intento por desmarcarse, el Presidente buscó adjudicar la responsabilidad del senador a Cristina Kirchner con un tuit que decía: “Todo tuyo”. Sin embargo, la vicepresidenta respondió con contundencia: “Si hubiera sido mío no votaba la Ley Bases, querido. Te gusta el durazno pero no la pelusa”.
El rol de Kueider como aliado del oficialismo en el Senado fue determinante en varios episodios. Ayudó a construir mayorías circunstanciales para el reparto de comisiones y respaldó la aprobación de la Ley Bases. A cambio, obtuvo cargos estratégicos en la represa de Salto Grande y un respaldo por parte de Caputo para presidir la Bicameral que supervisa los servicios de inteligencia.
La crisis también expuso un dilema para el gobierno. Defender a Kueider resulta inviable, pero avanzar con su expulsión del Senado abriría la puerta a su reemplazo por Stefanía Cora, una dirigente de La Cámpora. Este cambio beneficiaría al bloque liderado por José Mayans y Juliana Di Tullio, que alcanzaría las 34 bancas. Con este número, la alianza necesitaría solo el respaldo ocasional de otros senadores para consolidar una mayoría.
Para desviar la atención del escándalo, el equipo de comunicación liderado por Caputo intentó instalar otros temas en la agenda. Entre las iniciativas se incluyeron la cancelación de remedios gratuitos para jubilados, el despido de la titular de la AFIP y una propuesta para expulsar a legisladores con causas judiciales. Sin embargo, estas maniobras no lograron el impacto deseado. Un dirigente cercano al tema comparó la estrategia con un viejo refrán inglés: “La mejor manera de esconder un elefante es meterlo en una manada de elefantes”. Esta vez, el intento fracasó.
El caso Kueider representa una de las mayores pruebas para el gobierno en un momento de fragilidad política. Su resolución podría definir las dinámicas del poder en el Senado y las alianzas que moldearán el futuro del oficialismo.