Montada en una frenética andanada de tuits, telegrams y otros posteos, tras su paso por Comodoro Py, CFK ironizó sobre Claudio Bonadio al recordar el inexplicable privilegio que todavía arropa a los hombres de la Justicia. Una catarsis digital con fuerte impronta política en una semana en la que el debate sobre ganancias mandó en una agenda recalentada.

Apremiado por la presión que impuso Sergio Massa, quien con el proyecto del Frente Renovador bajo el brazo emprendió un raid mediático, el Gobierno tuvo que ceder y se apresta a debatir en extraordinarias uno de los temas más candentes de su gestión.

El hombre de Tigre propone llevar el mínimo no imponible a 48 mil pesos para los casados con hijos, a cerca de los 34 mil para los solteros y de 60 mil para los jubilados, 50% sobre los números en vigencia. Un abismo de diferencia y generosidad con la propuesta gubernamental que apenas sube esos pisos el 15%, 21.713 pesos y 25.332 pesos, respectivamente, menos que la inflación estimada para el año próximo.

Para la gente de Mauricio Macri la ecuación es lineal: más trabajadores pagarán ganancias, pero al reacomodarse las escalas y las alícuotas se supone que los que paguen pagarán menos.

Un dibujo interesante pero difícil de comunicar a las mayorías que esperan una definición. Sobre todo con la oposición explicando que, si se impone el oficialismo, entre 450 y 500 mil trabajadores debutarán como aportantes del denostado impuesto al que trabaja. Serán más pero pagarán menos, contestan desde el Gobierno. Para aplacar no alcanza.

Los funcionarios justifican la austeridad en las dificultades del momento. A ninguno de ellos se le ocurre vender: "La vida es bella". Admiten por lo bajo que la estrechez económica de las cuentas públicas no puede ser sometida a nuevos sobresaltos con una inflación que resiste, un déficit fiscal implacable y una cuestión social que no da margen ni respiro.

Más piadosa, Margarita Stolbizer pide elevar el piso de los aportantes un 25 por ciento. Un bálsamo, pero no resuelve.

Cuanto más lejos se está de la administración del poder real, más abierta es la mano que ofrece. El vapuleado legislador peronista Diego Bossio propone un mínimo no imponible de 60 mil pesos. Devenido en una suerte de Santa Claus parlamentario, sugiere que no se graven horas extras, que se permita deducir el costo del alquiler de vivienda única y deja exceptuado de manera completa el aguinaldo.

El número clave es el monto que el fisco dejaría de percibir por lo que caiga de ganancias. Mientras la propuesta oficial significa una baja de 27 mil millones de pesos a las arcas oficiales, la de los renovadores es mucho más alta, se habla de no menos de 48 mil millones, pero proponen recortar la diferencia con nuevos impuestos (renta financiera, juego, regalías, mineras).

Desde el Gobierno responden al toque: convencidos de que algunas de esas imposiciones son impracticables o tienen indeseados efectos colaterales, sintetizan: pura ilusión, cotillón preelectoral, chamuyos para la tribuna.

De inmediato lo mandan al bueno y estrictísimo Alberto Abad, calculadora en mano, a cotejar fantasías con realidad. En caso de ceder a estos requerimientos, la renta financiera y un impuesto anual al capital de los juegos de azar, aplicado a las máquinas tragamonedas, pasarían primero.

El Frente para la Victoria, con Mariano Recalde a la cabeza, va por los jueces. Dicen que basta esta medida para recuperar algo más de cinco mil millones de pesos. Una tarea difícil si se tiene en cuenta que una acordada de la Corte Suprema decidió que no pagaran más.

Desde el gremio de los judiciales el pataleo no se hace esperar. El argumento de los empleados que resisten es elegante: "No se trata de emparejar para abajo".

Algo en lo que todos coinciden, pero los números terminan imponiendo su rigor. Demasiados años de distorsión por no respetar lo que está escrito en la ley: el ajuste del mínimo, las escalas y las alícuotas siguiendo el índice de la inflación.