El pasado viernes, con las firmas de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem, el poder legislativo envió a Javier Milei los proyectos aprobados referentes a la Emergencia Pediátrica (también llamada Ley Garrahan) y al Financiamiento Universitario. Con los proyectos en manos del presidente, el mismo tendrá 10 días hábiles para vetar o dejar vigente.
El último jueves, luego de casi una semana de revisión, el Congreso le envió ambos proyectos aprobados en el Senado con más de dos tercios a Javier Milei. Desde el momento que fue recibido, el ejecutivo cuenta con tiempo hasta el 11 de septiembre para vetar o dejarlos vigentes.
Cabe destacar que se tratan de leyes de impacto directo en el programa fiscal del Gobierno y que según adelantó Guillermo Francos en el Congreso, «aquellas leyes que impongan derogaciones para las que no tenemos fondos van a ser vetadas».
La actualización de fondos universitarios, de acuerdo al cálculo de la oposición, significa un gasto extra del 0,14% del PBI ($ 1.059 millones) . Mientras que para La Libertad Avanza es más de $ 1.500 millones.
Para el proyecto de emergencia pediátrica -que declara la emergencia por un año y obliga a actualizar los sueldos del personal- la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $ 65.573 millones. Anualizada, esa erogación alcanzaría a $ 133.433 millones.
Dentro del paquete de leyes también aparece la aprobación del proyecto de los gobernadores para coparticipar y automatizar el envío de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Los jefes provinciales aseguran que la iniciativa de distribución de ATN tiene un costo fiscal para el gobierno nacional de 0.03% del PIB ($253.000 Millones).
En este contexto, donde parece casi un hecho que el mandatario vetará las tres iniciativas aprobadas por el Congreso, surge la disputa por sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad. La misma será llevada al Senado el próximo jueves y si consiguen los dos tercios para insistir con la ley, automáticamente el veto de Milei quedaría sin efecto.
