Por Javier Lindenboim, Director del CEPED/UBA, Investigador del CONICET, para Diario Clarín

Cuando los integrantes del Consejo Asesor de Evaluación y Seguimiento (CAES, constituido por Decreto Presidencial en el invierno de 2009 e integrado finalmente por cinco universidades nacionales) solicitaron información al INDEC acerca de las tareas de preparación del Censo Nacional de Población de 2010 -el décimo en casi un siglo y medio- mostraron la importancia asignada por la comunidad académica a la materialización de una tarea de semejante importancia. Aún no ha tomado estado público el informe del CAES debido a que la autoridad convocante no lo ha recibido. Esa es la razón por la que no disponemos de opinión tan autorizada sobre el inminente relevamiento censal.

Otro documento valioso fue la presentación hecha por la Asociación de Estudios de Población de Argentina (AEPA) ante las autoridades del INDEC, con el propósito de alertar sobre diversas falencias detectadas por los especialistas que la integran y la intención de contribuir a su mejor realización. Dicho aporte no obtuvo, empero, respuesta oficial alguna.

En horas más el Censo estará en plena marcha y no obstante las dudas sobre aspectos esenciales del operativo y las inquietudes que puedan subsistir, es de desear que la captación de la información básica representada por el Censo de población y viviendas pueda ser llevada con el mayor de los éxitos. Es de esperar, también, que la tarea y sus resultados en ningún caso sean objeto de mezquindades políticas de ningún tipo y desde ningún costado, cualquiera sea la motivación que para ello se esgrima.

La sociedad argentina necesita saber cuántas personas habitan su suelo, cuál es su composición etaria y por género, qué movimientos poblacionales se registraron en esta década, qué modificaciones se han producido en materia de participación económica de la población (en qué nos ocupamos, qué rol cumplimos, en qué rama de actividad, etc.), cuál es la situación habitacional en los distintos ámbitos territoriales, qué pasa en materia de credenciales educativas, sobre la situación sanitaria y muchos otros aspectos por demás relevantes. Su importancia no deriva de una mera avidez por el conocimiento, respetable por cierto, sino de que el análisis de sus resultados debería ser la base de la formulación de políticas o del ajuste de las mismas. Para eso el nudo gordiano está en las respuestas que la ciudadanía proporcione a los censistas.

Las estadísticas públicas no son (no deben ser) resultado de la imaginación de ningún funcionario u organismo. Provienen de las respuestas veraces y completas que los entrevistados proporcionen. En ese sentido es uno de los productos más democráticos que pueda generarse. El largo y penoso proceso impuesto al accionar del INDEC en los últimos años no colabora en modo alguno con el operativo de este censo. Es cierto. Sin embargo, la madurez de una sociedad se pone a prueba en circunstancias como ésta.

Los datos que se recolectan en un censo son más importantes que valederas las discusiones sobre otros aspectos de las estadísticas públicas, debates que -por otra parte- no quedarán clausurados el miércoles 27. Pero la responsabilidad ciudadana pasa, ahora, por proporcionar respuestas correctas. A partir de ello, inmediatamente podremos y deberemos exigir al organismo a cargo limpieza, transparencia y rendición de cuentas. Sobre otras reticencias de distinto origen, como las asociadas con situaciones de (in) seguridad, las palabras pueden resultar vanas. En cada lugar seguramente habrá imaginativas maneras de cuidado compartido, sea en el edificio o en el barrio.

Vale recordar, finalmente, que de los últimos cuatro censos, sólo dos se hicieron en democracia. En ninguno hubo resistencia ni rechazo de la población al operativo censal. No debiera haberla ahora.

“Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados.” De esta manera las Naciones Unidas definieron hace casi dos décadas el primero de los principios que deben orientar la realización de la labor estadística oficial.

La pregunta que cabe es, ¿estaremos a la altura de tamaño desafío?