El bloque de Unión por la Patria deberá conseguir por lo menos cuatro manos mas para tener el quorum necesario para convocar a una sesión el proximo 1 de febrero, donde se debatirá en la cámara alta el proyecto de Ley «Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. En este marco, senadores peronistas emitieron un comunicado pidiendo el acompañamiento para rechazar este proyecto.

Con este panorama, los senadores de Unión por la Patria apuntaron a los peronistas disidentes de Cambio Federal o los que responden a gobernadores de partidos provinciales que integran Unidad Federal. «Incitamos a nuestros pares de otros espacios políticos de la región a que nos acompañen en el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia que viola la constitución, el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno», indicaron.

Una de las apuntadas para buscar el acompañamiento es la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, que pese a mostrarse en contra del decreto, afirmaron que la legisladora “no acuerda en nada con el kirchnerismo”.

En tanto, desde las oficinas de la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, la provincia que gobierna el exsenador Alberto Weretilneck, recordaron que el e espacio recibió el apoyo de la bancada de Unión por la Patria a su dictamen de Ley de Boleta Única, aunque se negaron a comentar cuál iba a ser la postura de la legisladora.

Pese al pedido de Unión por la Patria de sesionar el 1 de febrero, la vicepresidente y titular de la cámara alta, Victoria Villarruel analiza postergar la sesión para mas adelante. La carta enviada con el pedido para hacer la sesion el primer dia de febrero lleva las firmas de José Mayans (Formosa), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Sergio Leavy (Salta).

“Como venimos sosteniendo desde su publicación, el DNU afecta particularmente a nuestras provincias con medidas como: la desregulación del turismo con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo; la desregulación del sector minero, que dejaría en manos privadas la explotación de los recursos estratégicos de nuestro suelo; la derogación de la Ley de Tierras, dando potestad a los extranjeros para adquirir territorio patagónico sin límite; la reforma de la Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares y la Ley Manejo del Fuego, con las que se ponen en peligro el ambiente, nuestros recursos y reservas naturales, y la soberanía del país”, detallaron en el comunicado.

Y siguieron: “La privatización de empresas estatales como la minera YCRT, que pondría en crisis toda la cuenca carbonífera de Río Turbio y afectaría la generación de energía para la nación; el Banco Nación, la banca con la mayor presencia federal con 790 sucursales; y Aerolíneas Argentinas, que impacta en la compleja interconectividad de la Patagonia y afecta el turismo, además de poner en riesgo incontables fuentes laborales”.