Solo un tercio de la población cree que el Gobierno está aplicando ajustes especialmente dirigidos a la «casta política», en contraste con el 52,1% que sostiene que los ajustes recaen sobre los trabajadores y jubilados. Tan solo un cuarto de los argentinos considera necesario reducir los derechos laborales, y únicamente el 23,6% respalda la propuesta de «pagar los alimentos y la energía a precios internacionales», tal como promueve el Presidente.

La evaluación de las primeras medidas del gobierno nacional fue llevada a cabo por la consultora Analogías en la primera quincena de este mes, un período en el que los precios y la inflación se dispararon debido a la devaluación, afectando los ingresos de todos los sectores, especialmente los más desfavorecidos.

El análisis de la encuesta realizada a 2.542 participantes reconoce que el Presidente aún cuenta con un respaldo popular relativo, pero advierte que este posiblemente disminuirá debido al proceso de ajuste.

De hecho, la opinión actual expresada por la porción de la sociedad encuestada sobre el mandatario no es positiva. Su aprobación, a solo un mes de asumir, ya ha descendido con respecto al 55,6% obtenido en el balotaje presidencial, encontrándose significativamente por debajo de lo registrado por sus predecesores en el mismo periodo de gobierno.

Adicionalmente, los datos indican que aunque la percepción positiva roza el 50%, la negativa alcanza el 44,8%, una cifra notablemente elevada.

En relación a este aspecto, la consultora analizó las razones no económicas por las cuales la sociedad ha cambiado su percepción sobre Milei. Para ello, se exploró un aspecto singular del jefe de Estado: su carácter. Frente a la pregunta «¿cree usted que el gobierno de Javier Milei tiene actitudes autoritarias?», el 46,4% respondió afirmativamente, mientras que el 41,6% respondió negativamente. Un 12% -una cifra considerablemente alta- se mostró indeciso.

Rechazo a las medidas del DNU y la ley ómnibus

La clave del sentir humorístico social con respecto al gobierno ultraliberal se encuentra en las medidas implementadas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y en la ley omnibus que se está debatiendo en el Congreso. Mientras estas acciones se llevan a cabo, la sociedad ya ha expresado sus desacuerdos.

El respaldo de los encuestados a las demandas de los sindicatos y de los sectores que abogan por los derechos de los trabajadores fue contundente. El 56,5% indicó que no se deben eliminar las leyes laborales, mientras que apenas el 25,7% (constituyendo menos de un tercio, que conforma el núcleo duro de Milei) manifestó estar a favor.

En la misma sintonía se manifestaron en contra de las modificaciones en Educación, Ciencia y Tecnología. El 51,2% rechazó dicha reforma, mientras que el 35,4% expresó su acuerdo.

Es destacable la postura en relación con la dolarización, la cual constituyó la principal promesa de campaña de LLA y es un pilar de las políticas implementadas. El 53,3% ya no la respalda, el 30,9% la apoya y el 15,8% se mostró indiferente al respecto.

Asimismo, se registró una marcada oposición a un aspecto específico de este último punto. El 63,4% afirmó que los alimentos y la energía no deben abonarse a tarifas internacionales en dólares, mientras que el 23,6% expresó su conformidad con esta propuesta.

Paralelamente, el rechazo a la privatización de las empresas del Estado fue contundente. El 48,4 por ciento de los encuestados sostuvo que no hay que vender las compañías estatales y solo el 39,5 afirmó que sí hay que privatizarlas.

Más pareja fue la opinión sobre la obra pública. Si bien el 46,9 consideró que no hay que eliminarla para reducir el déficit fiscal, el 41,1 se inclinó por suspenderla.

Expectativas sobre la economía

En el ámbito económico, las expectativas respecto a los resultados de las políticas implementadas por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se mantienen igualmente divididas. Aunque hubo una cierta paridad de opiniones, la tendencia general es pesimista. La mayoría, un 46,4%, cree que la situación económica empeorará en los próximos dos años, mientras que el 45,7% opina que mejorará.

Sin embargo, la percepción y el conocimiento acerca de quiénes son las víctimas de estas políticas resultan sumamente elocuentes. El 52,1% sostiene que el ajuste está afectando a los trabajadores y los jubilados, en contraste con solo el 33%, que indica que la mencionada «casta» política es la afectada.

De manera similar, el 46,6% afirma que es evidente que el grupo más beneficiado económicamente por las medidas del gobierno de Milei son los grandes empresarios. Únicamente el 19,3% considera que son los trabajadores, y apenas el 12% opina que son las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La claridad sobre quiénes son las víctimas y beneficiarios de las políticas del gobierno libertario arroja un dato preocupante en la encuesta. Ante la pregunta «¿cree que las paritarias van a poder mantener el poder adquisitivo del salario este año?», el 46,7% respondió negativamente, mientras que solo el 24% se muestra esperanzado en que sí.

Para empeorar la situación, lo que los encuestados tienen claro es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) va a respaldar al gobierno de Milei, con un 60,3% así manifestándolo.