El Gobierno apeló el fallo de una jueza de feria que declaró inválidos seis artículos del DNU de desregulación de la economía vinculados con los derechos de los trabajadores. Mientras, el presidente Javier Milei juega sus cartas y apunta a lo que pasará en el Congreso con la ley ómnibus.
A través de una presentación de más de 30 páginas, el Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Trabajo, fundamentó los motivos por los cuales el fallo de la semana pasada, amparado en la presentación de la CGT, debería quedar sin efecto.
DNU: el Gobierno apeló el fallo que convalidó el amparo de la CGT en materia laboral
La semana pasada, la jueza Liliana Rodríguez Fernández hizo lugar parcialmente a una acción de amparo de la CGT y declaró la invalidez de los artículos 73 (retención de la cuota sindical); 79 (negociación colectiva); 86 (cláusulas obligacionales); 87, 88 y 97 (servicios esenciales y modalidad de protestas).
En ese sentido, para el Gobierno, “el legal y legítimo ejercicio del derecho a huelga ha quedado desnaturalizado por completo”. Por eso, «el derecho constitucional a huelga ha quedado en las últimas décadas convertido en una instancia de violencia, de irrespetuosidad al derecho de otros; diríamos que quedó enmarcado en el ejercicio abusivo del derecho”, remarcaron en la presentación.
“El ejercicio de ese derecho constitucional y supraconstitucional no puede ser llevado a cabo en forma violenta ni tampoco abusiva, es decir, con medidas adicionales que avasallen los derechos de otros sujetos de un modo innecesario para el despliegue de la huelga. Que en definitiva es lo que viene a reglar el DNU”, subrayó el documento.
