Un pleno conjunto de comisiones de Presupuesto y Hacienda, junto con Educación, ha emitido dictámenes para abordar la actualización del presupuesto de las universidades nacionales. La propuesta contempla la actualización bimestral de los fondos asignados a las instituciones educativas, entre otras medidas. El dictamen mayoritario lleva la firma de los legisladores de Unión por la Patria (con 34 adhesiones), mientras que el de la UCR y Hacemos Coalición Federal (con 21 firmas) respalda las líneas principales de la iniciativa.

Por otro lado, el PRO y La Libertad Avanza han suscrito un dictamen conjunto que se opone a la actualización por inflación y sugiere que los presupuestos deben acordarse entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario.

Los dictámenes de la oposición proponen una actualización bimestral del presupuesto para el año 2024 basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), asegurando que los gastos operativos se ajusten a la inflación, lo que incluye programas de becas, innovación tecnológica, entre otros.

Desde Unión por la Patria señalan que esto representa solo el 20% del funcionamiento presupuestario. Por su parte, otros bloques argumentan que esta medida representa una carga excesiva para un Gobierno que prioriza el superávit fiscal.

La diputada radical Danya Tavela expresó: “El 23 de abril, la ciudadanía argentina se pronunció firmemente sobre lo que cree que el futuro y el presente de sus hijos deberían esperar, y sobre el respeto por la educación pública y las universidades nacionales. Hoy nos toca a nosotros expresarnos de manera contundente de la misma forma. Es importante entender que necesitamos tener el presupuesto para el ejercicio siguiente al final de cada año. Somos ampliamente optimistas de que para 2025 vamos a contar con un presupuesto”.

Antes de la firma del dictamen, el diputado Fabio Quetglas enfatizó: “No hay dudas sobre la situación de fragilidad macroeconómica con la que este Gobierno asumió la gestión. Pero sin presupuesto, carecemos de un horizonte ético para saber a quién le solicitamos esfuerzos y a quién no. La falta de claridad en el presupuesto está teniendo consecuencias negativas en varios aspectos de la vida pública”.

Y añadió: “Esta situación ha evidenciado la idea de que el ajuste público desordenado que se está llevando a cabo implica la máxima expresión del abolicionismo estatal, renunciando a que el Estado establezca criterios rectores sobre las prioridades”.