La diputada bonaerense Lucia Klug impulsa una norma que apunta a la protección de la fauna silvestre que se ve amenazada por la expansión countries y barrios cerrados sobre sus hábitats naturales.
La denominada Ley Conan, un proyecto que busca endurecer las penas por maltrato animal, que fue presentado en el Congreso en enero de 2024 por el diputado Damián Arabia y que busca ser reflotado, generó una inmediata reacción legislativa en la provincia de Buenos Aires, reabriendo el debate sobre la protección de la fauna silvestre.
El proyecto de alcance nacional, que se centra principalmente en la penalización del maltrato a animales domésticos o cautivos, fue criticado por no incorporar una mención explícita a la protección de la fauna autóctona. Este vacío fue el punto de partida para la iniciativa bonaerense, que busca extender la protección a especies que habitan los humedales de la provincia.
La diputada bonaerense de Unión por la Patria Lucia Klug recogió el guante y presentó el proyecto conocido como Ley Carpincho. La norma apunta específicamente a la protección de esta especie y otros animales que suelen verse afectados por la expansión de urbanizaciones privadas (countries y barrios cerrados) sobre sus hábitats naturales en territorio bonaerense.
El eje central de la Ley Carpincho es la prohibición explícita del uso de cercos o alambres electrificados en dichas urbanizaciones, argumentando que son una fuente de maltrato y lesiones para los animales salvajes. Klug afirmó que es «imprescindible» terminar con los «atropellos» que los propietarios de campos y barrios cerrados cometen contra la fauna silvestre de la Provincia.
La legisladora oficialista señaló que «no solo los animales domésticos son maltratados», justificando así la necesidad de una legislación provincial que complemente el vacío del proyecto nacional al enfocarse en la fauna silvestre. El proyecto de Klug prevé la aplicación de una multa económica para quienes infrinjan la prohibición de las cercas perimetrales electrificadas.
Los fondos recaudados mediante estas multas serán destinados a financiar políticas de protección de la fauna silvestre y programas de concientización ambiental, buscando «contrarrestar la desensibilización social» sobre el maltrato animal y la destrucción del ambiente.
La iniciativa toma relevancia días después de que la Defensoría del Pueblo bonaerense intimara al Nordelta Golf Club a eliminar los alambres electrificados por considerarlos un incumplimiento de la Ley nacional 14.346 de maltrato animal.
