El tratamiento del proyecto que otorga herramientas para que la justicia pueda combatir con mayor eficacia la corrupción se trató tras la aprobación de la resolución que autoriza a la justicia a realizar los allanamientos a domicilios u oficinas del diputado Julio De Vido.

El dictamen de mayoría fue aprobado con un alto grado de consenso ya que estuvo respaldado por todos los bloques, con excepción de la izquierda.

Posteriormente, el plenario debate ahora el proyecto de ley que propone la extinción de dominio para que el Estado recupere aquellos bienes conseguidos a través de actos delictivos, que ayer obtuvieron dictámenes en sendos plenarios de comisiones.

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, quien señaló que "estamos brindando a la justicia una herramienta que si bien ya existía, no incluía los delitos de corrupción" y dijo que espera que se pueda hacer "una lucha eficiente contra la corrupción que arrasó al país".

Burgos condenó que "se hayan llevado a su casa la plata que correspondían a las rutas que no se hicieron ni se arreglaron que significan miles de muertes por año en accidentes viales, a los hospitales que no cuentan con el equipamiento necesario ni los remedios que las personas necesitan, en este sentido la ola de sabotaje de los caudales del estado le costaron la vida a muchos argentinos".

En tanto, el presidente de la comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, dijo que con este proyecto se aspira a "lograr las investigaciones judiciales lleguen a las máximas consecuencias".

Desde la oposición, el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade, anticipó que esa bancada "votará a favor en general del proyecto porque se han incluido modificaciones que hemos planteado", como "la eliminar la anulación de la pena del arrepentido".

En tanto, la diputada massista Mónica Litza reivindicó el proyecto acordado con el oficialismo pero pidió al gobierno que tome las medidas para "resguardar la seguridad del arrepentido".

En tanto, la diputada de la izquierda, Myriam Bregman justificó el voto negativo porque estas leyes "se utilizan leyes para favorecer el aparato represivo del Estado".