El recurso había sido avalado por la Cámara Nacional del Trabajo, que en el fallo reconoció que “se hallan en juego derechos de incidencia colectiva en general”, y afirmó que “están en juego derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad en el convenio de cooperación cuestionado”. Todo esto obligó al Poder Ejecutivo y la empresa a dar de baja el convenio.

Al respecto, Lucila De Ponti sostuvo que “el convenio es inconstitucional y no respeta los derechos básicos del trabajo, era una puesta en escena de Macri para mostrar que crea trabajo cuando en realidad lo destruye y empobrece al trabajador”. Y enfatizó: “Esperamos que en nuestro país no existan más este tipo de acuerdos que se hacen para beneficiar a los empresarios a costa de las y los jóvenes. McDonald"s y el gobierno querían una flexibilización laboral y no se lo permitimos”.

El convenio contemplaba el pago por parte del Ministerio de Trabajo de $1.000 por cada empleado contratado bajo esa modalidad. La presentación del acuerdo, en mayo de 2016, estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, después de una reunión con la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de la compañía para Latinoamérica, Marlén Fernández, y del representante de Arcos Dorados Argentina, Pedro Nóbili.