La senadora de Unión por la Patria (UP) defendió el proyecto de nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que busca mejorar las jubilaciones y pensiones. En su intervención, dirigió sus críticas al presidente Javier Milei, quien se ha manifestado en contra del proyecto aprobado por el Senado.
La senadora de Unión por la Patria (UP), Juliana Di Tullio, arremetió con dureza este jueves contra el presidente Javier Milei, quien amenazó con vetar una ley que mejoraría las jubilaciones si el Senado la aprobaba. Di Tullio lo calificó como «un degenerado social» y lo acusó de haber creado un «escenario con el 55,5% de pobres».
Ese mismo jueves por la tarde, el Senado dio luz verde a una ley que introduce una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, reemplazando la establecida previamente por decreto del Gobierno. La fórmula vigente vincula los aumentos mensuales a la inflación del mes anterior. El proyecto, denominado nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ya cuenta con media sanción de Diputados y propone una combinación entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un aumento adicional del 8,1% para los jubilados.
El Presidente ha amenazado en repetidas ocasiones con vetar esta ley. Calificó a los legisladores que promueven el RIPTE como «degenerados fiscales», argumentando que la medida podría poner en peligro el superávit fiscal. Durante la sesión de ayer en el Senado, Di Tullio respondió directamente a Milei, señalando: «Lo que el presidente va a vetar son 66 mil pesos para cada jubilado y jubilada. Por eso, el irresponsable y degenerado social es él».
Di Tullio no se detuvo ahí. La senadora calificó a Milei como «un degenerado social», y lo acusó de haber creado «un escenario con el 55,5% de pobres y el 17,5% de indigentes en tan solo ocho meses».
Este viernes en una entrevista brindada a Futurock, la senadora volvio a tocar esta cifra exacta: “Estamos hablando de un proyecto que es mínimo, 66 mil pesos. El presidente eligió beneficiar a los que pagan bienes personales y no a los jubilados y jubiladas por una medida que él mismo tomó y les hizo perder poder adquisitivo.
