Desde la llegada de Javier Milei al poder hasta fines de marzo, el Gobierno ha eliminado 14.000 empleos en la administración pública nacional y no pagará indemnizaciones. La postura oficial es que no se trata de despidos masivos, sino de “bajas” de contratos, una medida con la que buscan desalentar demandas laborales, aunque los especialistas prevén que habrá reclamos de todas formas. Esta decisión se hizo pública a un mes y medio del vencimiento de una nueva tanda de contratos.

Las cifras provienen del informe de gestión de más de 1.000 páginas presentado ayer por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el Senado. En el documento, se especifica que “al 31/03/2024 se registran un total de 14.000 bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada” y que «el personal cesanteado no equivale a personal cuyo contrato no ha sido renovado», ya que la cesantía es una sanción (Ley N° 25.164) aplicada tras un proceso sumarial.

La secretaría de Transformación y Reforma del Estado, que quedó vacante tras la renuncia en marzo de Armando Guibert, es la encargada de estas reducciones. Guibert fue responsabilizado por el aumento del 48% en los salarios del Presidente y sus ministros. De esta área dependen la subsecretaría de Transformación y Reforma del Estado, a cargo del contador y exgerente de BGH Jorge Harán, y la de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, liderada por Rosana Reggi, quien en marzo reemplazó a Martín Boccacci, el segundo de Guibert.

Ante las preguntas de varios legisladores sobre la situación de los empleados públicos, la secretaría bajo la dirección de Nicolás Posse indicó en el documento oficial que el personal contratado y no renovado «no requiere ser reemplazado, ya que esto responde a una readecuación de funciones y alcances de los organismos que integran la APN (Administración Pública Nacional)».

«En líneas generales, no se llevaron a cabo despidos masivos. El Estado, en uso de sus facultades discrecionales y su poder de administración, optó por no renovar a personal contratado por tiempo determinado bajo el artículo 9º de la Ley Nº 25.164, cuyo plazo de vigencia ya había finalizado», afirmó la jefatura de Gabinete.

La secretaría también anticipó que «no se prevén acciones judiciales ya que las mismas carecen de fundamentos» y agregó que «al no haber despidos, sino más bien bajas, no se prevé el pago de indemnizaciones».

Hasta marzo, la administración nacional empleaba a 330.000 personas, incluyendo 108.000 en empresas públicas y sociedades del Estado, 15.000 en otros entes y 22.000 en AFIP. Además, hay 40.000 empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, 72.000 en planta permanente y 72.000 con contratos transitorios, según estimaciones cercanas al gobierno.

El Ejecutivo ha reducido este último grupo en diciembre y marzo, mientras que el resto de los contratos fueron extendidos hasta finales de junio. “Echamos a 50 mil empleados públicos, no solo eso, sino que además se están dando de baja contratos, van a caer 70 mil contratos laborales del Estado, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular”, dijo Javier Milei a fines de marzo.

Consultado sobre posibles nuevas desvinculaciones, la jefatura de Gabinete recordó que “el Decreto 286/24 establece la posibilidad de renovar las contrataciones hasta el 30 de junio del corriente año, siendo facultad de la Administración Pública renovar o no las mismas para periodos subsiguientes, de acuerdo con las necesidades de servicio, objetivos, responsabilidades primarias y acciones propias de cada dependencia”. Además, no se previó un “pasivo Judicial Contingente” ya que se trata de contratos por tiempo determinado.

«No se evalúa interrumpir ningún contrato al 30 de junio, fecha de vencimiento de los contratos. Cada área definirá cómo seguir respecto a sus empleados como viene sucediendo», explicaron fuentes oficiales, en un día en que ATE realizó protestas en las oficinas de Techint, exigiendo la reincorporación inmediata de los despedidos y rechazando la Ley Bases, que permite la disolución de organismos y afecta al personal de planta permanente.

Aunque el Gobierno insiste en su facultad de no renovar o rescindir contratos, los especialistas advierten sobre posibles reclamos. «No hubo análisis de la situación contractual y del servicio que se prestaba, hubo motosierra y eso saldrá también caro porque más adelante lo pagaremos todos cuando se revise judicialmente», señaló Luis Raffaghelli, abogado laboralista y exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

«Estos despidos de personal con muchos años de contratos desvirtúan la figura utilizada y constituyen un abuso de derecho por parte del Estado, no solo de esta administración, sino también de las anteriores, que no regularizaron la situación. Por tanto, estarían violando el principio constitucional de protección del trabajo», afirmó Raffaghelli.

La presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, Cynthia Benzion, advirtió: «Si hay fraude, el juez condenará al Estado a pagar indemnización. Muchos harán juicio y el Estado termina pagando en bonos y con una baja tasa de interés que fija el fuero contencioso».

Los contratos a plazo fijo no pueden renovarse más allá de cinco años bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que si se excede el plazo, se convierten en contratos por tiempo indeterminado. «Renovarlos más allá de cinco años es fraude. El trabajador puede reclamar. En el Estado hay planta permanente, transitoria, contratados bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y monotributo. Es un cambalache», señaló Benzion.