Anticipándose a lo que serán los festejos del próximo año, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscará prohibirle al Gobierno porteño que organice y destine partidas presupuestarias para la realización de los carnavales.

De esta manera, la libertaria pidió derogar la Ley N° 1.527 de creación del programa denominado “Carnaval Porteño” y la Ley N° 1.832 de otorgamiento de permisos precarios, personales e intransferibles a las asociaciones civiles sin fines de lucro encargadas de la organización del carnaval, para la comercialización de productos gastronómicos y artículos de cotillón y juego.

También pidió que se derogue la ordenanza N° 51.203/96 que instituye el Festival de Candombe y Murga y la ordenanza N° 52.039/97 de declaración de patrimonio cultural de las actividades que desarrollan las asociaciones/agrupaciones artísticas de carnaval en el ámbito de la Ciudad.

Sobre esa misma línea, Fleitas pidió prohibirle al Gobierno “participar bajo cualquier forma de la organización o realización del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo, como así también destinar recursos presupuestarios de forma directa o indirecta para su promoción, organización, realización o difusión” e indicó que “el Poder Ejecutivo sólo podrá otorgar difusión al carnaval porteño a través de los medios que utiliza habitualmente para informar sobre las actividades que se realizan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que ello implique una erogación presupuestaria adicional o específica”.

Asimismo, la iniciativa establece que la “promoción, organización, realización o difusión del carnaval porteño o de cualquier otro evento análogo no podrá efectuarse en el espacio público o en espacios privados que perjudiquen el libre desplazamiento de personas o cosas, o que ocasionen ruidos molestos u otros efectos perjudiciales para terceros ajenos al evento”.

En los fundamentos del texto, Fleitas aseveró que “este modelo de organización del carnaval, de tipo estatista subsidiado por el Gobierno de la Ciudad —es decir, pagado por todos los porteños a través de los impuestos, pero en el que solo una ínfima parte de ellos elige participar—, contrasta con el existente en otras jurisdicciones del país que cuentan con este evento pero sin embargo reviste una organización diferente, con mayor participación del sector privado, mayor masividad e impacto, como es el caso del carnaval de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, o el carnaval de la provincia de Corrientes”.

Asimismo, señaló que durante los corsos “la seguridad, el libre tránsito y la convivencia se ven afectados más de lo habitual, lo que ya resulta suficientemente grave, a causa de las alteraciones ilegítimas que acarrea el ‘piquete continuo’ del carnaval, como los ruidos molestos que ocasiona, la suciedad y el daño en el espacio público o los bienes públicos y los posibles hechos de inseguridad que pueden producirse o verse potenciados en función de los tumultos y la dificultad de identificación ocasionada por el uso de máscaras, disfraces y otros enseres” y concluyó recordando que en 2022 “fue apuñalado y murió el joven Sebastián Molina durante el carnaval de Parque Lezama, al que había asistido para ver a la murga ‘Los Amantes de la Boca’”.