En una sesión que fue menos tensa de lo que se esperaba en la previa y sorprendió en el último minuto, el Senado rechazó el miércoles a la noche la ley de Ficha Limpia: la iniciativa obtuvo 36 votos y no llegó a la mayoría absoluta (37). Es que, al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La norma implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner, quien de esta manera continúa con la posibilidad de una postulación nacional, salvo que decida presentarse como candidata provincial en la compulsa bonaerense.

La ley englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Además, quedaban comprendidos en el frustrado mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.

Este punto fue uno de los criticados en la previa e incluso en el recinto, en cuanto a la falta de delitos que tendría que incorporar una norma de este tipo. Tras un inicio de debate con poco vuelo, con las intervenciones a favor de la peronista disidente Alejandra Vigo -miembro informante como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales-; y en contra, de la cristinista Silvia Sapag -más ocupada en criticar al Poder Judicial-, la radical Mariana Juri bajó el tema tierra.

Por caso, la mendocina aseguró: “Hemos fallado como sociedad para que esta ley sea necesaria. ¿A quién se le podría ocurrir que sea candidato alguien condenado? Y, peor aún, que una agrupación los proponga para sus listas. Qué raro que una sociedad necesite decirles a los políticos que nos excluyamos de un proceso electoral cuando hemos sido condenados”.

A lado de Juri se encontraba su comprovinciano y ex gobernador Rodolfo Suarez, quien impulsó una norma de Ficha Limpia en Mendoza “mucho más estricta, con delitos informáticos, trata de personas, violencia contra las mujeres, prostitución y crímenes lesa humanidad”. Por eso mismo es que la legisladora reclamó, posterior a la sesión que se desarrollaba, avanzar con proyectos ya presentados en ese sentido, ya que la ley en cuestión, “si bien es parcial, es un gran avance y en base a consensos que se han conseguido”.

Las críticas de la opositora Sapag -ratificada como vicepresidenta de la Cámara alta- por la supuesta “proscripción” de Cristina Kirchner fueron desactivadas por Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). “Esta ley no prohíbe por cuestiones ideológicas y políticas, sino legales y objetivas, como delitos dolosos graves contra el Estado, con una sentencia confirmada en doble instancia. Se está respetando el principio del doble conforme, tal como reconoce la Corte Suprema y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.

El acompañamiento del Gobierno libertario quedó reflejado poco después por el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, quien dijo que el proyecto “es necesario para la salud de la democracia”. Y agregó que el mismo “chocó con los obstáculos de la política y con maniobras para tratar de frenarla”, y que “lo que debería haber sido una norma sencilla, fue una lucha cuesta arriba”.

Por su parte, y para bajarle el precio a la penosa puja entra la Casa Rosada y el macrismo por la autoría de la ley, la larretista y candidata a legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri sentenció: “Esto no es de una diputada, un diputado, senador o senadora. No es de ningún gobierno, sino un reclamo que ha hecho la sociedad civil, que lo ha cabalgado y que ha esperado pacientemente”.

“No da lo mismo ser corrupto que no serlo. No da lo mismo estafar la esperanza de los ciudadanos que no hacerlo. No da lo mismo que haya leyes para unos y leyes para otros, y la política debe dar el ejemplo”, señaló Tagliaferri, y añadió que “la política va a dar cuenta de un límite ético que nos viene reclamando la ciudadanía, que es lo que representa Ficha Limpia”.

Desde el Frente de Todos, la peronista Florencia López (La Rioja) denostó la segunda instancia que plantea la flamante normativa. En ese sentido, defendió la posibilidad de agotar todo el trayecto judicial -es decir, hasta que decida la Corte Suprema-, al enfatizar que “el artículo 33 de la ley de partidos políticos establece que no pueden ser candidatos los que sean condenados”.

López también lanzó: “Esta justicia tiene su balanza inclinada y es una justicia pirata. En vez de tener una banda en los ojos, tiene el parche en uno solo para perseguir, condenar y proscribir no a una mujer -en clara referencia a Cristina Kirchner-, sino al movimiento nacional justicialista”. E insinuó que todo esto representa “la frutilla del postre” del denominado “lawfare”.