Mientras la causa judicial avanza y suma medidas de prueba, el kirchnerismo buscó llevar el tema al recinto del Senado bonaerense. Mónica Macha y Laura Clark, de Nuevo Encuentro, junto a María Rosa Martínez, de Kolina, impulsaron una iniciativa para que la Cámara alta manifieste su solidaridad con las cinco mujeres que denunciaron abusos sexuales y situaciones de sometimiento vinculadas a una presunta secta.

El proyecto representa la primera expresión formal del bloque oficialista, que desde diciembre cuenta con mayoría propia, frente a un caso que involucra a dos empleados de planta permanente del Senado provincial. En los fundamentos, las legisladoras remarcaron la necesidad de que el cuerpo legislativo asuma una posición clara ante hechos de extrema gravedad.

En ese sentido, cuestionaron la falta de reacción institucional y advirtieron: “El Senado bonaerense no puede permanecer indiferente ante una denuncia de tal magnitud”. La frase aparece en los considerandos del texto, donde se objeta la pasividad mantenida hasta el momento frente a una investigación que ya está en manos de la Justicia.

La iniciativa también solicita que los episodios denunciados “sean rápidamente esclarecidos por la Justicia, determinando con precisión la totalidad de las responsabilidades penales, así como la contención y reparación necesaria para las víctimas”. Ese mismo planteo se reitera en el articulado, donde el Senado declara “su solidaridad con las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de delitos contra su integridad sexual”.

Según consta en la causa, los empleados Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz fueron detenidos el 29 de diciembre pasado, acusados de integrar una trama de abusos sexuales, algunos de ellos agravados por acceso carnal y cometidos de manera continuada. De acuerdo con las denuncias, parte de los hechos habría ocurrido dentro de las instalaciones del propio Senado bonaerense.

La investigación judicial señala a Rodríguez como el principal referente de una red de captación conocida como “Orden de la Luz”, mientras que Silva Muñoz -su pareja-, es mencionada como facilitadora en los mecanismos de sometimiento. Las actuaciones describen, además, prácticas de control económico, emocional y personal sobre las mujeres denunciantes, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

En los fundamentos del proyecto, las senadoras kirchneristas explicaron que el objetivo es “elaborar un pronunciamiento claro y firme ante los gravísimos hechos que se conocieron recientemente ante la opinión pública”, a partir de las denuncias presentadas por tres mujeres. Subrayaron, además, la necesidad de acompañar a las víctimas durante el proceso judicial.

En paralelo, desde La Libertad Avanza se promovió una respuesta distinta. Un grupo de senadores presentó días atrás una iniciativa para crear una Comisión Especial de Seguimiento Institucional en el ámbito de la Cámara alta, con el fin de analizar el funcionamiento administrativo y los controles internos.

Ese proyecto, firmado por cuatro legisladores libertarios, establece que la comisión deberá elaborar un informe final con conclusiones y recomendaciones orientadas a “fortalecer los mecanismos de control interno y la prevención de hechos de similar gravedad”. En el plano judicial, el juez de Garantías Juan Pablo Masi autorizó el peritaje de celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados durante los allanamientos, cuyos resultados serán determinantes para confirmar los hechos denunciados y definir posibles nuevas responsabilidades dentro del Senado bonaerense.