La Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera (APCC) presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo Julio López, por la presunta apropiación de los fondos destinados a la actividad hípica, un total que asciende a más de $2.600 millones. La denuncia, promovida por el abogado Mariano Fragueiro Frías, acusa al ministro de no transferir los fondos que la Ley 13.253 establece para el financiamiento del sector del turf en la provincia.

El destino de los fondos: ¿Quién se queda con lo recaudado?

 

El fondo en cuestión, el cual proviene de las ganancias obtenidas a través de los tragamonedas en los bingos bonaerenses, está destinado a sostener la actividad hípica en los hipódromos de San Isidro, La Plata, Dolores, Azul y Tandil. Según la denuncia, la Tesorería de la Provincia de Buenos Aires ha retenido los fondos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, lo que ha generado una deuda total de $2.622.590.300.

En la presentación judicial, Fragueiro Frías detalla que el dinero debía ser distribuido por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, pero, en lugar de ser transferido a los hipódromos, se habría desviado a otros fines. De acuerdo con la denuncia, la falta de estos fondos afecta gravemente al sector y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.

“Hace cuatro meses que el fondo no se transfiere a los hipódromos de la provincia. Esto está afectando la actividad hípica y los trabajadores del sector”, declaró Fragueiro Frías a La Nación. Además, la denuncia considera que este incumplimiento de la Ley del Turf, que destina entre el 9% y el 15% de los fondos provinciales para el sector hípico, constituye un delito de acción pública.

La situación generó alarma en el sector, que ya arrastra dificultades económicas desde hace años. Según el secretario general de la Asociación de Profesionales del Turf, Nicolás Ferro, los trabajadores del gremio atraviesan una «situación límite», pues los atrasos salariales y la falta de previsibilidad sobre el futuro de los pagos podrían llevarlos a tomar medidas de fuerza. “Estamos en una situación límite con tres meses de atraso y sin perspectiva de lo que pueda llegar a pasar en enero”, señaló Ferro.