La Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN) ha denunciado que la leche en polvo, distribuida gratuitamente a comedores y merenderos, está siendo vendida en redes sociales y que algunos comedores están cobrando a los beneficiarios por retirarla.

El director de CONIN, Diego Álvarez Rivero, explicó en una entrevista con Radio Mitre que la organización fue alertada cuando se detectó que la leche aparecía a la venta en Facebook Marketplace, apenas horas después de haber sido distribuida. «Nos advirtieron que en las páginas de Marketplace, este lugar de Facebook para ventas, aparecían las leches que nosotros estábamos distribuyendo, pero a horas de haber sido distribuidas», relató Álvarez Rivero.

Tras la primera advertencia, CONIN amplió la denuncia al descubrir que algunos comedores estaban cobrando a sus afiliados por entregarles la leche. «Es una barbaridad, indignante, molesta», expresó Álvarez Rivero, quien añadió que el volumen de leche vendida no fue significativo, ya que la situación ocurrió casi de inmediato tras la distribución.

Álvarez Rivero mencionó que la denuncia motivó una investigación por parte de la fiscalía y la policía, lo que detuvo las ventas ilegales. Sin embargo, señaló que el problema radica en la facilidad con la que se puede vender de forma anónima en plataformas como Marketplace. «Marketplace custodia el anonimato, ese es el gravísimo problema. Por eso ha habido tantos delitos. Es una persona que vende sin que uno sepa quién es».

CONIN es una organización sin fines de lucro fundada en 1993 en Mendoza por el Dr. Abel Pascual Albino, con el objetivo de combatir la desnutrición infantil en Argentina. Albino es conocido por sus controvertidas declaraciones en 2018 contra la interrupción voluntaria del embarazo y el uso de preservativos.

En un hecho similar, se descubrió la falta de distribución de casi 70,000 tablets destinadas a sectores vulnerables. Estos equipos fueron comprados en abril de 2021 para el programa «Conectando con Vos» del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de facilitar el acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TICs) a beneficiarios de planes sociales y jubilados.

El programa, financiado por el Fondo Fiduciario del Servicio Universal con aportes de operadoras de telecomunicaciones privadas, fue parte de una política pública impulsada por el gobierno del ex presidente Alberto Fernández para asegurar el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad y a precios razonables, independientemente de la ubicación geográfica, ingresos o capacidades de los ciudadanos.

De acuerdo a lo que pudo saber el reparto de las tablets marca Kanji propiedad de la empresa Fag Sistems, a la que se le estarían debiendo alrededor de u$s3 millones, quedaba a cargo de las intendencias o de los punteros sociales de cada localidad en las cuales se debían distribuir.

Ocurre que desde un principio, el programa estuvo pensado para ayudar a sectores de menores recursos y también a personas de edad avanzada para lo cual se firmó un convenio con el ANSES y para quienes perciban una beca del programa Progresar; beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por embarazo.