"El Chaqueñazo". El caso comenzó el pasado viernes con la denuncia pública que hizo el funcionario acerca de "un plan para desestabilizar" al Gobierno, denominado “El Chaqueñazo”, que según el funcionario apuntaba a quebrantar el orden público. La denuncia nació porque el 26 de noviembre intendentes y concejales opositores se habían encadenado simbólicamente a la Casa de Gobierno exigiendo una audiencia inmediata con Capitanich. Tras lo sucedido comenzó la polémica.

Peppo detalló que la denuncia en las instancias federales es a fin de “presentar la denuncia de presunto delito que se habría cometido en lo que hace a la presencia de diputados, intendentes y otras personas hace pocos días Casa de Gobierno”.

Además el ministro había denunciado que en los próximos días podían suceder hechos de violencia en contra de la gestión de Capitanich. La denuncia se ampara en el artículo 213 bis del Código Penal que data de 1974, una ley creada para enfrentar el accionar de grupos armados que a través de la violencia buscaban imponer sus objetivos.

Peppo detalló en conferencia que "se pretende quebrantar el orden público y es por eso que como Poder Ejecutivo le venimos a plantear a la justicia su intervención para el esclarecimiento y la búsqueda de los responsables en esta causa". Sobre las pruebas, el ministro de Gobierno indicó que "vamos a acercar los elementos; a partir de ahora es la Justicia la que va a trabajar y seguramente quien va a determinar las responsabilidad que corresponden".

Cómo sigue. La denuncia está bajo el tratamiento del fiscal Gustavo Adolfo Corregido, quien comentó que en los próximos días tomará una decisión. Las alternativas son tres, que exista un delito, que no lo exista o que el fiscal se declare incompetente para tomar una decisión.