El Ministerio de Salud de la Nación suspendió, al menos hasta fin de febrero, la entrega de antivirales en todos los hospitales públicos y le pasó la pelota a las provincias para que ellas se encarguen de hacer las gestiones con los laboratorios internacionales. El freno se produjo tras los cambios implementados por la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Locciasano, esposa del ministro Jorge Triaca.

El ajuste afecta a casi 70 mil personas sin cobertura privada. “Hay un total desinterés para el cuidado de la salud por parte del Estado. Esto puede provocar una resistencia y que el virus se replique nuevamente”, indicó Matías Muñoz, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap).

“No quedó nada”. Esa es la primera respuesta que dieron en la Dirección de Sida y ETS, el área encargada de coordinar las políticas de prevención y atención del VIH, cuando se les consultó por el stock de Dolutegravir, Darunavir, Zidovudina jarabe, Efavirenz y Abacavir/Lamivudina, cinco fármacos retrovirales que suelen ingerir las personas con VIH. “No es ninguna novedad, ya nos veíamos venir esta situación”, explicó un integrante del área.

Ante este faltante, los primeros en enterarse fueron los equipos provinciales de Salud, cuando la semana pasada la Dirección de Sida se comunicó con ellos para dar el alerta e intentar que no se afecte el tratamiento de miles de hombres y mujeres. “Debido a distintas dificultades presentadas en los procesos de compra, los medicamentos Evirenz 600 mg y Zidovudina jarabe sufrirán una demora en su adquisición”, informaron en un documento que lleva la firma de Sergio Maulen, director de Sida. Además, en el documento se pidió a las provincias que “dentro de las posibilidades, se pueda gestionar la adquisición de los mismos hasta tanto se regularice la situación”.

Ahora bien, en el documento divulgado a los equipos de salud no se agrega nada sobre las posibles consecuencias de aquellas provincias que no puedan (o no quieran) hacerse cargo de aquello que la administración nacional descartó. Muñoz, integrante de Rajap, un espacio creado para el intercambio y la participación de jóvenes que viven con VIH o sida (la fase avanzada del virus inmunodeficiente), aseguró que “en los casos en que no va a ser posible el cambio de esquema, el resultado puede ser que se genere resistencia y el virus se replique nuevamente”.

Pero eso no es todo. “En los centros de salud que sí puedan hacer cambios de medicamentos y la eficacia no se vea alterada o no suponga un perjuicio para la salud, puede alterar la forma en que se toman los fármacos y eso puede tener consecuencias en la adherencia al tratamiento”, completó.

"DIFICULTA EL ACCESO AL TRATAMIENTO"

El Ministerio de Salud de la Nación suspendió, al menos hasta fin de febrero, la entrega de antivirales en todos los hospitales públicos y le pasó la pelota a las provincias para que ellas se encarguen de hacer las gestiones con los laboratorios internacionales. El freno se produjo tras los cambios implementados por la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Locciasano, esposa del ministro Jorge Triaca.

El ajuste afecta a casi 70 mil personas sin cobertura privada. “Hay un total desinterés para el cuidado de la salud por parte del Estado. Esto puede provocar una resistencia y que el virus se replique nuevamente”, indicó Matías Muñoz, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap).

“No quedó nada”. Esa es la primera respuesta que dieron en la Dirección de Sida y ETS, el área encargada de coordinar las políticas de prevención y atención del VIH, cuando se les consultó por el stock de Dolutegravir, Darunavir, Zidovudina jarabe, Efavirenz y Abacavir/Lamivudina, cinco fármacos retrovirales que suelen ingerir las personas con VIH. “No es ninguna novedad, ya nos veíamos venir esta situación”, explicó un integrante del área.

Ante este faltante, los primeros en enterarse fueron los equipos provinciales de Salud, cuando la semana pasada la Dirección de Sida se comunicó con ellos para dar el alerta e intentar que no se afecte el tratamiento de miles de hombres y mujeres. “Debido a distintas dificultades presentadas en los procesos de compra, los medicamentos Evirenz 600 mg y Zidovudina jarabe sufrirán una demora en su adquisición”, informaron en un documento que lleva la firma de Sergio Maulen, director de Sida. Además, en el documento se pidió a las provincias que “dentro de las posibilidades, se pueda gestionar la adquisición de los mismos hasta tanto se regularice la situación”.

Ahora bien, en el documento divulgado a los equipos de salud no se agrega nada sobre las posibles consecuencias de aquellas provincias que no puedan (o no quieran) hacerse cargo de aquello que la administración nacional descartó. Muñoz, integrante de Rajap, un espacio creado para el intercambio y la participación de jóvenes que viven con VIH o sida (la fase avanzada del virus inmunodeficiente), aseguró que “en los casos en que no va a ser posible el cambio de esquema, el resultado puede ser que se genere resistencia y el virus se replique nuevamente”.

Pero eso no es todo. “En los centros de salud que sí puedan hacer cambios de medicamentos y la eficacia no se vea alterada o no suponga un perjuicio para la salud, puede alterar la forma en que se toman los fármacos y eso puede tener consecuencias en la adherencia al tratamiento”, completó.