La presentación del exministro frenó el avance de la audiencia y abrió otro frente en un proceso marcado por acusaciones cruzadas, declaraciones contradictorias y un expediente que reúne a figuras centrales de la política y el empresariado. El tribunal suspendió la jornada para evaluar el planteo, mientras continuó el debate sobre el rol de Cristina Kirchner y la supuesta estructura de recaudación ilegal.
El juicio por la causa Cuadernos volvió a exhibir tensión. Julio De Vido presentó una recusación contra los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7 y forzó un cuarto intermedio al comienzo de la audiencia. El planteo salió a la luz cuando Gabriel Palmeiro, abogado del exministro, informó la decisión ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Los magistrados dijeron que desconocían la presentación y habilitaron el receso para revisar el escrito.
La jornada debía continuar con declaraciones de varios imputados. Empresarios y exfuncionarios buscaban despegarse de las acusaciones por supuestos hechos de corrupción cometidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El receso alteró ese cronograma y concentró la atención en la estrategia del exministro de Planificación.
De Vido tomó la palabra y negó todas las imputaciones. Aseguró: “Jamás he tenido o requerido de manera personal servicios de chofer o remisero, por la sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia personal que tenía como Ministro, la cual era prestada por personal de la Policía Federal Argentina”. También afirmó: “No participé, en mi carácter de Ministro del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ni de cualquier otro modo, de ningún tipo de maniobra ni asociación ilícita con los fines de perjudicar al Estado, ni mucho menos de beneficiarme. Ignoro y desconozco si hubo algún tipo de comportamiento ilícito en el marco de los hechos que se investigan en los presentes actuados”.
En una ampliación, planteó una serie de interrogantes. “¿Si ese dinero existió, dónde está? ¿No se supone que fue producto de una finalidad espuria, asociada al enriquecimiento ilícito de quien lo recibiere? ¿En qué elementos se sostienen esas afirmaciones si ninguna de las personas involucradas en aquellos hechos reconoció haber entregado dicho dinero y en razón de qué o con que proveniencia?”, cuestionó el exministro.
La investigación sostiene una hipótesis central: “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández–, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.
Según la fiscalía, la responsabilidad de la expresidenta quedó respaldada por “las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.
El expediente dejó un escenario cargado. En el proceso figuran Cristina Kirchner, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros exfuncionarios. Del lado empresario aparecen Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero y Alberto Taselli. También está imputado Oscar Centeno, el chofer cuyos cuadernos dieron origen al caso.
Las audiencias iniciales se centraron en declaraciones de imputados colaboradores. Claudio Uberti afirmó que “el día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones en el departamento de Juncal”, aunque aclaró que lo supo por comentarios ajenos. Wagner describió el supuesto esquema de recaudación y aseguró que la obra pública “iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.
Se incorporó además el testimonio de Centeno, que relató cómo funcionaba el traslado de bolsos y dijo que, “en la época de Cristina Kirchner”, parte de los fondos terminaba en la Quinta de Olivos. La causa prevé más de 600 testigos, un volumen que vuelve lenta y compleja la etapa inicial.
La Cámara de Casación reclamó mayor velocidad ante la magnitud del expediente. El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti también presionó. Señaló que el tribunal debía avanzar sin interrupciones y dijo que el cuerpo judicial debía “trabajar en verano” si esa medida permitía cumplir los plazos procesales.
