Se trata del dirigente de Somos Barrios de Pie y precandidato a intendente en Tres de Febrero. El plazo legal para la designación venció hace tres meses.
El 3 de noviembre del año pasado, Alberto Fernández firmó el decreto 728/22 que impide nuevas altas del Potenciar Trabajo, el programa estrella de Desarrollo Social que cobran 1.200.000 personas y que esta gestión duplicó en sus primeros 3 años. La misma normativa instruía al ministerio de Economía, al de Trabajo y al de Desarrollo a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular en un plazo no mayor de 60 días. Ya pasaron más de 5 meses.
El Ejecutivo se dispone finalmente a corregir esa falta y a avanzar con la conformación de un área que coordinará toda la política social vinculada con la economía popular, como mandaba la Ley de Emergencia Social sancionada por unanimidad en diciembre de 2016.
El próximo jueves, si no hay más cambios, el subsecretario en Desarrollo Social y máximo referente de Somos Barrios de Pie Daniel Menéndez asumirá como secretario ejecutivo del flamante Consejo. La sesión inaugural del nuevo organismo ya se suspendió por los menos tres veces.
Conspiraron hasta ahora la agenda de los actores involucrados, pero también y sobre todo la tensa y delicada relación entre las organizaciones sociales del oficialismo, que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Gobierno.
Este jueves sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que el último informe del FMI plantea cambios en la política social y que el Ejecutivo empuja una nueva auditoría presencial para revisar quiénes son los 160 mil beneficiarios del programa Nexo. El reporte del Fondo proyecta la inserción laboral de 400 mil beneficiarios del Potenciar, un horizonte imposible en el corto plazo. El organismo de crédito, además, alertó sobre el “solapamiento” de diferentes planes de asistencia social que, sumados, superan el salario mínimo y, según la visión de los técnicos, desalientan la creación de empleo formal.

