El senador nacional, Edgardo Kueider, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y una eventual vinculación en el cobro de sobornos en una causa que tramita en la justicia federal de San Isidro tras su detención en Paraguay. La causa en la que ya estaba investigado y el detalle que se conoció en las últimas horas: el dueño de la camioneta que usaba Kueider creó varias empresas sospechosas.

Según una denuncia presentada por el periodista Christian Sanz, y que impulsó el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Kueider «podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público».

La justicia federal de San Isidro dispuso el levantamiento del secreto fiscal del senador, la declaración jurada de bienes, se solicitó un informe amplio y completo a la AFIP sobre su situación patrimonial y se pidió a la Unidad de Información Financiera determinar si lo investiga por lavado de dinero.

En la causa se investiga a los empresarios Marcelo y Claudio Tortul, constructores y gerentes de una empresa de seguridad en Entre Ríos, de pagar sobornos a la empresa estatal de energía entrerriana Enersa para obtener sus contratos de seguridad privada. En esa época Kueider, hombre del exgobernador entrerriano, Gustavo Bordet, como secretario general de la Gobernación, era el responsable de la empresa estatal de energía.

La denuncia señala que el senador sería propietario de la empresa BETAIL S.A. que tiene, o tenía, a su nombre al menos tres departamentos -N° 46, 57 y el semipiso N° 72- y dos cocheras -las N’12 y 14- en el edificio “Live”, ubicado en la calle Santiago del Estero 511, de Paraná, Entre Ríos, y que sería dueño del 50 % de su capital accionario, según surge de la declaración jurada que presentara ante la Oficina Anticorrupción.

El dueño del otro 50% del paquete accionario, según dice la denuncia, es un monotributista categoría “C”. Dice la denuncia que en las planillas de expensas, en lugar de aparecer la empresa Betail como propietaria, quien está es Iara Guinsel Costa, quien es secretaria de Kueider en el Senado de la Nación desde el 26 de febrero de 2024.

Iara Guinsel Costa es la mujer que acompañaba a Kueider cuando fue detenido en la frontera en Paraguay con 200.000 dólares. En la denuncia que motivó la causa de San Isidro se mencionó que Kueider era vecino en el edificio de Claudio Tortul y que el grupo desarrollador inmobiliario del edificio Live también estaría conformado por socios de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, quienes poseen cinco unidades más en el mismo edificio.

Kueider era director de Enersa en representación del Estado y en su declaración jurada no se mencionan las unidades de BETAIL S.A. que se encuentran al lado de las de Tortul. «Posiblemente por ello eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre», sostiene la denuncia.

Señala que Kueider es «vecino de las personas investigadas por supuesto pago de coimas al organismo del cual él mismo era Director» y entiende que «sobran los motivos para que se de inicio a una investigación que tienda a dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades».

La situación de Kueider está en manos de la Justicia de Paraguay. Los fiscales que quedaron a cargo del caso ya imputaron al senador y a Guinsel Costa por tentativa de contrabando y pidieron que queden detenidos con prisión preventiva. El senador además tiene un proceso abierto a nivel administrativo, donde se secuestró la camioneta y todo el dinero: USD 211.102 en efectivo, $646.000, y 3,9 millones de guaraníes (unos USD 500 aproximadamente).

De quién era la camioneta en la que se trasladaba Kueider

La camioneta 4×4 que utilizaron el senador Eduardo Kueider y su secretaria  Guinsel Costa para cruzar la frontera con Paraguay tiene un detalle particular: el dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, es Rodolfo Daniel González, un empleado de la Biblioteca del Congreso que ahora trabaja “en comisión” en el despacho del senador, tal como reveló el portal Infobae. El vehículo lo compró en 2021 y se lo cedió al senador y a la joven empleada para que lo usen como si fuera propio.

Llamativamente, González no tiene otro vehículo a su nombre. Pero hay más. Detrás de González se esconde una red de empresas sospechosas que serán objeto de investigación.

En mayo de 2023, González creó la empresa ICELER SA con un objeto concreto: explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). Al momento de fundar esa empresa, informó un domicilio en Combate de los Pozos 162, en el barrio de Barracas, donde solo hay un galpón.

Su «socia» minoritaria en esa firma es Adriana Cecilia Crucitta (59 años), que también figura en los registros comerciales como empleada de la Biblioteca del Congreso, un lugar utilizado durante décadas por diputados y senadores para designar amigos y familiares.

La red de empresas de González arrancó hace tiempo. El dueño de la camioneta aparece en al menos dos sociedades más: NEOPOP SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010, también en sociedad con Crucitta. En una de esas firmas, González declaró como domicilio un departamento ubicado en el pasaje Gregorio Aráoz Alfaro al 400, en el barrio de Caballito.

Los datos personales de Crucitta también sorprenden. La “socia” de González es empleada de la Biblioteca del Congreso, antes trabajó en la vicejefatura de Gabinete del Interior, y declara como domicilio una humilde casa ubicada en Fructuoso Rivera al 3300, en pleno Villa Soldati. Todo indica que sería una prestanombres.

Nadie se hace cargo de Kueider: su bloque, el kirchnerismo y el Gobierno se lavaron las manos 

En junio de 2024, el Partido Justicialista de Entre Ríos solicitó la expulsión del entrerriano por haber votado a favor de la ley de Bases y el paquete fiscal. En septiembre, Kueider se integró al interbloque Provincias Unidas, junto con los senadores Carlos Mauricio Espínola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), Juan Carlos Romero (Salta), Edith Terenzi (Chubut) y Lucila Crexell (Neuquén).

El espacio es presidido por Espínola, aliado principal de Kueider en el Senado y con quien integran el selecto grupo de legisladores que se hacen llamar «peronistas no kirchneristas» o «peronistas disidentes», en contraposición al interbloque de 33 senadores que lidera José Mayans.

Provincias Unidas publicó un escueto comunicado en el que sostiene que la Justicia debe resolver la situación porque «todos los funcionarios públicos de los poderes del Estado estamos obligados a someternos a la Justicia cuando lo requiera». “Manifestamos nuestra firme voluntad a favor de que la Justicia investigue los hechos hasta el esclarecimiento”, postularon.

Por su parte, el interbloque de senadores de Unión por la Patria pidió el desafuero de Kueider a través de un Proyecto de Resolución presentado durante la tarde del miércoles. La iniciativa lleva las firmas de la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, José Mayans, y Anabel Fernández Sagasti. En el documento, llaman a la inmediata expulsión de Kueider por “inhabilidad moral sobreviniente” conforme al artículo 66 de la Constitución. En ese sentido,expresaron que “estos hechos no son aislados, sino el reflejo de una conducta sistemática basada en intereses personales y negociaciones espurias como ocurrió con la aprobación de la ley Bases”.