El ministro de Transporte del gobernador está acusado de ser parte de una estructura de corrupción con las fotomultas y la VTV.
Una de las causas responde a un esquema diseñado con el negocio de las fotomultas -sobre todo, las que se sacan en la ruta 2 y la 11-. Los que deciden si se cobran o no las infracciones, o en todo caso los montos de cada una de ellas, son empleados administrativos nombrados por la política.
Una funcionaria judicial que participa de la investigación le explicó al diario Clarín un ejemplo de cómo funcionaría el sistema: «Tenemos gente que dice haberle transferido por Mercado Pago a estos gestores que después mandan el libre de deuda. Estos ladris (por los gestores) ofrecían bajar hasta el 50% por pago voluntario que obvio no es legal».
Y agregó: «Cobraban la guita del infractor pero en el sistema provincial al que deberían sólo acceder los jueces de Faltas aparece que las infracciones fueron eliminadas o cobradas en un 5% o 10%. Un negocio monumental donde muerden todos».
La causa comenzó el año pasado con la denuncia de un particular -que investiga el fiscal Álvaro Garganta en la justicia platense-, en la que se señalaba que existía una maniobra en la provincia de Buenos Aires mediante la cual se transferían fondos a un grupo de «gestores» que borraban las multas de tránsito existentes.
La Justicia investiga un esquema de coimas para eliminar multas de tránsito mediante gestores y jueces de faltas y otro en relación a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Entre los acusados están el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y la expresidente del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo.
La otra causa es por el trámite para sacar la VTV. A fines del año pasado, D’Onofrio le dio una extraña concesión «para sencillamente cobrar un porcentaje de la facturación de cada automovilista que saca turno para la VTV», explican en la Justicia.
Según el portal Clarín, sería cerca del 10% del costo de cada trámite. «Son unos 25 mil autos y camiones por mes que hacen el VTV en Provincia. El 10% de eso son $90 millones aproximadamente», calculó un altísimo dirigente político. El que maneja la VTV es Facundo Asensio, quien fue nombrado por D’Onofrio
A pesar de todo el escándalo, el ministro solicitó participar como querellante y aseguró que su Ministerio está colaborando con la justicia. Desde su entorno afirmaron que el sistema vigente no permite eliminar multas sin sentencia o resolución judicial, y reiteraron que la investigación demostrará que no existieron irregularidades.
Mientras la causa avanza, el caso tomó relevancia nacional, alimentando rumores sobre cifras millonarias vinculadas al esquema investigado. Aunque el equipo de D’Onofrio reafirmó su disposición a colaborar, las repercusiones políticas se hicieron inevitables.
D’Onofrio está alejado del Frente Renovador desde hace largo tiempo. «Hace varios meses que no me hablo con él. Le avisé al Gobernador que no tenía nada que ver con nosotros. La continuidad o no como Ministro es un tema que tiene que resolver la Provincia«, le dijo al portal Clarín el excandidato a presidente y líder del espacio, Sergio Massa.
El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, solicitaron la renuncia del ministro: «Si evaluamos su desempeño en cuanto a encontrar curros, es brillante. La capacidad que tiene de generar negocios a través del estado es impresionante«, afirmó el legislador. Según Bugallo, la VTV en la provincia de Buenos Aires se ha convertido en una «caja política» que beneficia a funcionarios y sus allegados en lugar de brindar un servicio de control vehicular eficaz.
Según el diario LA NACION, una fuente judicial explicó: «Captaban clientes con infracciones y les ofrecían que paguen un monto que iba entre el 25% y el 50% de la infracción. Esos clientes les transferían la plata y, en 48 horas, la multa dejaba de aparecer. La causa avanzó y las personas involucradas eran D’Onofrio, Pombo y jueces de faltas». La misma fuente consultada identificó a Pombo como «quien se encargaba de reunir a todos los gestores». Tenían, según la fuente, «una dinámica de reparto de dinero».
Pombo, que no asistió a la sesión de este jueves, fue reemplazada como presidente en el Concejo Deliberante por Juan Pablo Trovatelli. En el pasado estuvo involucrada en la Justicia por causas de corrupción. Por ahora, la dirigente, que responde a D’ Onofrio, mantiene su puesto como concejal, aunque habrá que esperar si se toma licencia o la oposición presenta algún pedido.
