El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra; el ex vicejefe Jorge Telerman, y otros 32 ex funcionarios fueron sobreseídos este lunes en la causa que investiga las responsabilidades en el operativo de emergencia montado para la noche del 30 de diciembre de 2004 para asistir a las víctimas de República Cromañón.

La medida fue dictada por el juez de instrucción Alberto Baños y beneficia a 34 ex funcionarios del gobierno porteño, del SAME, Bomberos y Policía Federal, que acudieron la fatídica noche para sofocar el incendio del local bailable que terminó con 194 vidas.

Sin embargo, Baños procesó sin prisión preventiva con embargos a Alejandro Cano, ex director de la Dirección General de Operaciones, y a Martín Galmarini, médico regulador de guardia del SAME, por "incumplimiento de los deberes de funcionario públicos".

El dictamen remarcó que los profesionales beneficiados tuvieron que "enfrentarse a grupos que asumían y resolvían la labor de evacuación y traslado por propia mano".

Durante el juicio oral que se lleva adelante por la tragedia, varios sobrevivientes aseguraron que muchos chicos volvieron a ingresar al boliche ante la inacción del personal de emergencia.

El magistrado también confirmó que la huida del público que había concurrido al recital de Callejeros "se vio agravada toda vez que la puerta alternativa de emergencia se encontraba cerrada con candado, y de las seis puertas vaivén, dos de ellas se encontraban con pasador, dificultando todo la salida de los asistentes del local".

"Las primeras personas que arribaron no conocían la verdadera situación; entonces –como era esperable- se tardó en reconocer la dimensión de lo que estaba aconteciendo: se trataba de una tragedia en plena ejecución que involucraba a más de tres mil personas, muchas de ellas atrapadas en el interior del local y todas expuestas a la inhalación de sustancias tóxicas", sostuvo el juez Baños.

La causa fue iniciada en marzo de 2005 por el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas y querellante en el juicio por el incendio.

Entre los 34 funcionarios, Iglesias había denunciado a Ibarra, Telerman y a Juan Carlos López, entonces Secretario porteño de Seguridad por presunta “infracción a los deberes legales que la normativa legal prevista para sucesos de ésta índole le asigna a los imputados”, en relación al “Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, Plan Operativo Sanitario para Desastres del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el Manual de Emergencia Pre hospitalaria del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME)”.

Iglesias formuló cargos por las responsabilidades en "cuanto a la organización y desarrollo de las tareas de auxilio a las víctimas en el lugar, a través de la conformación del Comité de Crisis del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; del Comando General de Operaciones de Emergencia, y del Comando de Operaciones de Emergencia Operativo".