Las decisiones de los tribunales no solamente imponen justicia de acuerdo con el espíritu de las leyes, sino que también devuelven densidad, volumen, sentido a algunas de las palabras que son importantes en nuestra cultura: culpable o inocente, víctima o victimario, responsabilidad, sanción, reparación. La ausencia de condena, allí donde hubo delito, no solo traiciona los principios que organizan la idea misma de justicia sino que también priva a las víctimas del derecho de nombrar al perpetrador como lo que es: una condena no es solo la atribución de un castigo, es también la atribución de un nombre, culpable, a quien produjo un daño. Esa atribución restituye a la víctima, a sus seres queridos y a la sociedad, el derecho de utilizar ciertas palabras. Después del juicio, es posible decir "es culpable" sin que la afirmación quede teñida de subjetividad. La palabra jurídica, al volver objetivo el hecho, al saldar la discusión entre puntos de vista que se contradicen, da a las cosas carácter de verdad.

Es por ello que para la víctima o para sus familiares tan importante como la sanción que se impone al victimario es el modo en el que las decisiones judiciales les permiten nombrar de un modo irrevocable, "más allá de toda duda razonable". Con ello no termina el dolor, pero sí termina la pelea con las sombras, con certezas que hasta ese momento habían vivido en las brumas de un saber que carecía de objetividad, que podía ser puesto en cuestión por los otros, sobre el que se podían sembrar dudas. Tanto es así, tan importante es la posibilidad de acceder a eso que se llama "la verdad de los hechos", que algunos procesos de justicia de transición de regímenes dictatoriales a sistemas democráticos han optado, como en Sudáfrica, por arreglos fundados en el reconocimiento que los perpetradores hicieron de sus crímenes: recibir de parte del perpetrador la confesión y el pedido de perdón es, para la víctima, sanador. De allí que la detención de César Milani en La Rioja provoque satisfacción: la decisión apacigua la angustia de las víctimas ante crímenes que, al carecer de culpables designados, siguen ocurriendo y provocando un dolor que se renueva sobre el dolor original.

Pero la detención de Milani abre también preguntas cuyas respuestas deberían preocupar a una sociedad que, como la argentina, abandonó hace ya mucho tiempo una idea fundamental, según la cual para que las ideas de justicia, de verdad, de sanción, de reparación provoquen el efecto que se espera de ellas, su valor no puede depender cada vez de las relaciones de poder. La designación de Milani como jefe del Ejército y su reciente arresto por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pone en crisis la política toda de derechos humanos del kirchnerismo. A la vez, la mal disimulada alegría de quienes fueron duros opositores a esa política y que, sin embargo, celebran ver al general en prisión, muestra que no privilegian lo que hay de justo en la decisión del tribunal sino su mezquina satisfacción ante una nueva derrota del kirchnerismo. Espejos invertidos, unos y otros, y sobre todo espejos deformantes, espejos que devuelven siempre una imagen distorsionada y sesgada de la realidad. Y no hay que olvidar en esta escena a un Poder Judicial que demoró años en hacer avanzar los procesos cuando el acusado gozaba del respaldo del poder político -y controlaba vastas redes de inteligencia-, un poder que muestra su rostro más servil al tomar ahora una decisión largo tiempo postergada.

El ascenso y la caída de Milani no dicen buenas cosas de la sociedad argentina, y mucho menos de quienes tienen en ella importantes cuotas de poder y en consecuencia de responsabilidad. De una responsabilidad que eluden una y otra vez al poner siempre los intereses por encima de los valores, la conveniencia por encima de la virtud.