Los pedidos de interpelación al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se multiplicaron en la Legislatura bonaerense, aunque con escasas posibilidades de avanzar. Diversos bloques opositores impulsaron iniciativas que permanecen a la espera del inicio de sesiones ordinarias, previsto para el 5 de marzo, cuando Axel Kicillof dará su discurso de apertura.

En la Cámara de Diputados, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza presentaron proyectos que exigen la presencia de Alonso para brindar explicaciones sobre la situación de inseguridad en el distrito. En el Senado, los libertarios y el PRO hicieron lo propio, aunque solo el expediente del legislador Alex Campbell alcanzó estado parlamentario.

El mecanismo para citar a un ministro a una interpelación requiere la aprobación de la mayoría simple en la comisión correspondiente y, luego, en el recinto. En Diputados se necesitan 47 votos y en el Senado, 25, siempre que todos los legisladores estén presentes. Sin embargo, el oficialismo suele bloquear este tipo de pedidos para evitar la exposición de sus funcionarios.

El crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que fue arrastrada varias cuadras por un vehículo robado en La Plata, generó un fuerte impacto y reavivó las críticas a la gestión en materia de seguridad. La oposición utilizó este caso para insistir en la necesidad de medidas urgentes y reclamó la comparecencia de Alonso.

El senador del PRO, Marcelo Leguizamón, exigió la convocatoria al Consejo de Seguridad Provincial tras el asesinato de un repartidor en Moreno. Mientras tanto, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para el envío de fuerzas federales a zonas críticas de la provincia. En paralelo, la UCR y la Coalición Cívica manifestaron su preocupación por el incremento de delitos y pidieron que el ministro detalle las estrategias implementadas.

La administración de Kicillof cuestionó la reducción de fondos nacionales destinados a seguridad y estimó que la provincia dejó de recibir unos 750 millones de pesos que anteriormente se asignaban mediante el Fondo de Seguridad. El gobierno provincial también acordó con Nación la presencia de efectivos federales en distritos como La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Moreno y Morón. Además, en San Isidro se reforzó la vigilancia con la llegada de unidades especiales de la Policía Bonaerense.

A pesar de la presión opositora, hasta el momento no se convocó una sesión especial para tratar la interpelación de Alonso. La falta de acuerdos y el control oficialista en la comisión de Seguridad dificultan el avance de las iniciativas. En ese contexto, la inseguridad sigue siendo uno de los principales temas de debate en la provincia de Buenos Aires.