La Coalición Cívica impulsó un pedido de informes en la Cámara de Diputados con el objetivo de que el Gobierno brinde explicaciones sobre el supuesto ingreso al país de una mujer en un vuelo privado procedente de Miami. Según las denuncias, las valijas que transportaba no habrían sido sometidas a control por orden de las autoridades.

Los legisladores de la CC fundamentaron su solicitud en la información difundida por el periodista Carlos Pagni, quien en su programa televisivo, señaló: “Ahora hay un revuelo en la Aduana. Raro. Muy difícil de verificar. Se dice que la semana pasada llegó un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita llamada Laura Belén Arrieta, aparentemente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el núcleo en el que participa mucha gente del Gobierno y donde está Trump, por lo que Milei viajó a Estados Unidos hace unas semanas”.

En su exposición, Pagni también mencionó: “Ella habría llegado desde Miami con una cantidad de valijas. Aunque no se sabe cuántas, sí eran muchas. Y cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana realizaron un operativo, hubo una orden de arriba que indicó que no se revisara nada. En la Aduana dan por seguro este episodio”.

Además del pedido de informes presentado por el bloque, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-ARI, anunció que solicitará acceso a la información pública para obtener más detalles sobre el caso.

Por otro lado, se conoce que Laura Belén Arrieta cursó sus estudios en Lanús y, según su perfil en LinkedIn, se desempeña en dos compañías: COC Global Enterprise, una firma con sede en Miami dedicada al capital de riesgo y la inversión privada con enfoque en mercados de Estados Unidos y América Latina, y OCP Tech. Asimismo, este año se difundieron imágenes en las que se la puede ver junto al presidente Javier Milei durante la cumbre de la CPAC.

COC Global Enterprise declara que su misión es “impulsar un crecimiento y una expansión significativos a través de inversiones estratégicas y la participación de expertos en administración, ventas y tecnología”.

Por su parte, Laura Belén Arrieta detalla en su perfil de LinkedIn que dentro de OCP Tech trabaja en el “departamento de vuelo”, donde, según describe, su función consiste en “optimizar los procesos, coordinar a los pilotos, asistentes de vuelo, proveedores, horarios y asegurar que se cumplan los estándares de calidad y las expectativas de los clientes”.

Ambas compañías están bajo la titularidad de Leonardo Scatturice, un empresario argentino radicado en Miami, a quien se le ha vinculado con la SIDE, presuntamente alineado con la facción que respondía a Fernando Pocino. Actualmente, Scatturice mantiene lazos con la CPAC y estuvo presente en la cumbre en la que participó Javier Milei este verano en Estados Unidos. Además, integró el comité organizador de la edición de la CPAC celebrada en Puerto Madero, en el que también figura Arrieta.

El nombre de Scatturice también estuvo relacionado con un conflicto en 2016, cuando Juan José Gómez Centurión lo señaló como responsable de una maniobra para apartarlo de la Aduana, organismo que dirigía en aquel momento. Según su acusación, Scatturice habría estado detrás de una operación política basada en una denuncia anónima y sustentada en videos editados. Como consecuencia de esa acusación, Gómez Centurión fue desplazado temporalmente de su cargo durante más de un mes, aunque posteriormente logró ser restituido.

En la empresa COC Global Enterprise, propiedad de Scatturice, Arrieta ocupa los cargos de vicepresidenta y gerenta de operaciones corporativas, desempeñándose allí desde hace un año y tres meses, según su perfil en LinkedIn. Antes de asumir esa posición, estuvo vinculada a compañías de aviación privada, con experiencia como tripulante de cabina, además de haber asistido a una escuela en Buenos Aires que ofrece cursos cortos, entre ellos, formación para azafatas y tripulantes de aviación ejecutiva.

Basándose en la información difundida por Carlos Pagni, el diputado Maximiliano Ferraro expresó su preocupación respecto del episodio: “El episodio genera serias dudas sobre quién dio la orden de flexibilizar los controles aduaneros y qué intereses se esconden detrás de este tratamiento especial”.

Dentro del pedido de acceso a la información pública, Maximiliano Ferraro adelantó una serie de preguntas clave que pretende esclarecer. Entre ellas: “¿Quién dio la orden en la Aduana para que Arrieta pasara sin control?”, “¿Qué tipo de vuelo fue, de qué aerolínea o empresa y en qué aeropuerto aterrizó?”, “¿Cuál es la matrícula del avión en el que llegó?”, “¿Existen registros fílmicos de su ingreso al país?” y “¿Qué personal de la PSA y de la Aduana intervino en este supuesto procedimiento irregular?”.

En ese sentido, Ferraro sostuvo: “Si el Gobierno predica la transparencia, debería esclarecer de inmediato este episodio. La discrecionalidad en los controles aduaneros no solo compromete la seguridad y la legalidad del comercio exterior, sino que también evidencia un doble estándar inaceptable”.

El pedido de informes

El proyecto presentado por los legisladores de la Coalición Cívica cuenta con la firma de Ferraro, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López.

A través de esta iniciativa, buscan que el Poder Ejecutivo Nacional brinde “información precisa y detallada” sobre una serie de “cuestiones relacionadas al ingreso irregular de la Sra. Laura Belén Arrieta” al país desde los Estados Unidos.

Las consultas incluidas en el pedido de acceso a la información pública exigen que el Gobierno “informe fecha y horario, aeropuerto, datos y plan de vuelo, matrícula de la aeronave, y empresa por la que la Sra. Arrieta ingresó a la República Argentina”. Además, solicitan que “indique y remita toda la documentación pública vinculada al vuelo privado por el que la Sra. Arrieta arribó a la República Argentina” y que “remita el formulario de información general y la nómina de pasajeros y tripulación del vuelo en cuestión”.

Asimismo, se pide que el Ejecutivo “detalle y explique los controles habituales y obligatorios a los que deben sujetarse las aeronaves, tripulación y pasajeros que realizan vuelos privados provenientes desde el exterior al arribar e ingresar al territorio nacional”, así como que “informe y especifique si la Sra. Arrieta realizó los controles habituales y obligatorios señalados en el inciso precedente”.

Otra de las cuestiones clave incluidas en el pedido es que el Gobierno “indique y detalle el nombre de los agentes intervinientes o responsables de realización de los controles al momento del arribo del vuelo y de la pasajera en cuestión, sean estos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Dirección Nacional de Migraciones, la Aduana, la Administración Nacional de Aviación Civil, y todo otro organismo competente”.

Finalmente, el proyecto de resolución exige que, “en caso de que alguno de los controles habituales y/u obligatorios no se haya realizado, especifique cuáles de ellos, indique los motivos y el responsable jerárquico de la orden ejecutiva de dicha omisión”. También se solicita que el Gobierno “indique si existen registros fílmicos y documentales del ingreso de la aeronave y la pasajera en cuestión al país”.