Mientras busca ser validado por los índices de crecimiento que publica el INDEC, pero sigue de cerca los vaivenes financieros —que suelen definir su humor—, Javier Milei se prepara para enfrentar dos frentes legislativos que pueden complicar la segunda etapa de su mandato.

Uno de esos focos de conflicto está en marcha desde febrero: se trata de los bloques opositores de Diputados que, con mayoría propia, pueden motorizar iniciativas como la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, donde ya se escucharon testimonios que podrían comprometer al Presidente.

El otro frente se activó en los últimos días y promete ser un desafío mayor para la gestión libertaria: el bloque de gobernadores que se está articulando con el objetivo de mejorar el flujo de recursos hacia sus distritos.

Este viernes en el Congreso se avanzó en la redacción de tres proyectos de ley que, si prosperan, podrían contar con una mayoría calificada, obligando a Milei a acatarlos o, en su defecto, judicializarlos. No tendría muchas más alternativas. Sin embargo, los gobernadores todavía no se alinean detrás de una postura unificada que implique confrontar abiertamente con la Casa Rosada.

Ambos frentes convergen en el ámbito parlamentario. En el conglomerado opositor de Diputados que mantiene una agenda crítica hacia Milei conviven legisladores que responden a gobernadores que en otras votaciones le tendieron la mano al Gobierno. Esto ocurre dentro de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y en los sectores críticos de la UCR.

Si esos mandatarios deciden dejar de cooperar con Balcarce 50 y se alían con los grupos más duros contra el oficialismo, podrían manejar el rumbo del Congreso. Saben que ese sería un punto de quiebre que reavivaría la histórica disputa entre Nación y provincias

El jueves, tras abandonar enojado el Senado por haber sido calificado de “mentiroso” por la fueguina Cristina López, Guillermo Francos —quien aún no definió si retomará el informe de gestión el próximo miércoles— aseguró que el diálogo con los gobernadores atraviesa un mal momento. Contrario a lo que sostienen los mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete reveló que Milei no tiene intenciones de distribuir el remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) si eso compromete el superávit fiscal. Los gobernadores exigen que, al menos, la mitad de esos fondos se destinen a las provincias.

Este año el Gobierno otorgó 18 auxilios financieros por un total de 84 mil millones de pesos. Aún quedan en el presupuesto otros 194.232 millones, que Milei no está obligado a transferir en su totalidad.

Debido a las ambigüedades de la ley que regula los ATN, el ministro coordinador no teme posibles demandas judiciales. Incluso, en la Casa Rosada se apoyan en la opinión de constitucionalistas que sostienen que la coparticipación debería haber sido reemplazada, tal como lo estipuló la Constitución en 1996.

En su exposición en el Senado, Francos también dejó en claro que sólo enviará a las provincias los fondos del impuesto a los combustibles destinados a fideicomisos, siempre y cuando los mandatarios provinciales se hagan cargo del mantenimiento de las rutas nacionales. Para los gobernadores, aceptar ese traspaso sin un refuerzo presupuestario es inaceptable. “Por ahora no hay acuerdo”, ratificó el jefe de Gabinete ante los senadores.

Este conflicto entre Milei y los gobernadores se da en un contexto particular: desde 2023, los votantes diferencian cada vez más entre las elecciones nacionales y las provinciales. Algunos legisladores del norte, donde Milei tuvo un respaldo masivo en las presidenciales, regresan desconcertados: en los sectores más humildes, les piden colaborar con el Presidente.

Los gobernadores no tienen certeza de si sus ciudadanos los culparían a ellos antes que a Milei en caso de una nueva crisis institucional, como ocurría en el pasado.

Esa incertidumbre frena un posible embate en el Congreso. Sin embargo, si los mandatarios quisieran, podrían aprobar los proyectos de ley en menos de 20 días y obligar a Milei a entrar en una larga pulseada legal.

Las diferencias estratégicas quedaron claras en una reunión virtual entre los gobernadores y los senadores. Mientras el sector peronista más confrontativo quiere avanzar ya mismo, los gobernadores dialoguistas —de la UCR, el PRO y los partidos provinciales— prefieren continuar las negociaciones.

Los mandatarios que exploran alianzas con los libertarios no quieren quedar expuestos enfrentando un veto presidencial, aunque los votos para derribarlo sobran. Sin señales de apertura desde el Gobierno, el enfrentamiento parece inevitable y el tiempo apremia.

El propio Milei no definió cómo responderá a la avanzada parlamentaria que busca declarar la emergencia en Discapacidad y aumentar las jubilaciones. Unión por la Patria reclama tratar esos temas cuanto antes en el Senado y Victoria Villarruel solicitó a sus aliados que bloqueen las sesiones hasta agosto.

Mientras tanto, los procesos de licitación de obras viales nacionales deberían arrancar en breve, pero los gobernadores temen que, sin fondos, las rutas se deterioren aún más, aumentando los accidentes.

La gran incógnita es quién cargará con el costo político si el malestar social crece, un factor que podría ser decisivo en las próximas presidenciales.

La disputa con las provincias tiene plazos definidos: el 15 de septiembre Milei debe presentar el Presupuesto 2026, con los recursos y gastos planificados. El año pasado, el Presidente dilató esa discusión para que venciera el período ordinario y así prorrogar el presupuesto por DNU, una maniobra que no puede repetirse fácilmente.

En paralelo, la Cámara de Diputados podría asestarle un nuevo revés al Gobierno en la sesión prevista para el miércoles, impulsada por el bloque Democracia Para Siempre.

El temario incluye iniciativas que incomodan al oficialismo, como la declaración de emergencia en pediatría y el refuerzo del presupuesto universitario. En ambos casos, se buscará emplazar a la comisión de Presupuesto para que emita dictámenes.

El oficialismo ya perdió aliados en estos debates, reflejo de que son temas sensibles para la sociedad. Incluso, legisladores cordobeses anunciaron que lucharán por mayores fondos para las universidades.

UCR y PRO acompañaron un dictamen que declara la emergencia pediátrica por un año, mientras que el resto de la oposición plantea extenderla a dos. Ambos proyectos exigen que Milei garantice el funcionamiento del hospital Garrahan, que sigue atravesando un conflicto.

En teoría, si los espacios opositores mantuvieran su postura, no deberían negarse a dar cuórum. Sin embargo, ya se han visto jugadas inesperadas en el recinto. Además, se buscará avanzar con un texto unificado que limite el uso de los DNU por parte de Milei, y está listo el dictamen para implementar el juicio por jurados.

Unión por la Patria pidió ampliar el temario, lo que permitió reactivar el diálogo entre los bloques, interrumpido tras la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. En cada comisión o sesión, algún legislador de UP exigirá su liberación y será respondido por dirigentes de la ex Juntos por el Cambio. Por ahora, los cruces son medidos, pero podrían intensificarse. “Yo les voy a responder siempre”, advirtió la radical Roxana Reyes en la comisión de Familia, Niñez y Juventudes.

Otro punto clave de la sesión será la definición de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, que ya tuvo su segundo encuentro la semana pasada y dejó muy mal parado al oficialismo.

Como aún no se designaron autoridades, la Coalición Cívica propone anular lo actuado y arrancar de cero, aunque no está claro si tienen los votos. En UP, EF y DPS prefieren continuar con las reuniones, sumar testimonios y recopilar más datos sensibles para derivarlos luego a la Justicia.

El Congreso ya tiene antecedentes de comisiones investigadoras que alteraron el rumbo de causas judiciales de alto perfil, como la voladura de la AMIA o el hundimiento del submarino ARA San Juan.

En el último encuentro, la oposición celebró cuatro testimonios clave. Según ellos, las declaraciones del informático Fernando Molina permitieron identificar a los responsables de crear un pool de liquidez con la criptomoneda, retirar los fondos y desplomar su valor. También se habría podido rastrear a quienes manejan el dinero restante.

Se destaca la confirmación del experto Santiago Siri sobre las tres direcciones multifirma donde se encuentran los 100 millones de dólares que Hayden Davis, dueño de $LIBRA, dijo poseer. Esas cuentas llevan los nombres Milei, Milei Vid 2 y Milei Cata.

Otro testimonio relevante fue el del abogado Martín Romeo, quien corroboró la existencia de fondos comprometidos y medidas cautelares vigentes.

Todavía resuenan las carcajadas por el traspié de Iñaki Azpeteguia, asesor en blockchain, enviado por los radicales violetas a pedido de La Libertad Avanza. Mientras defendía al Presidente, le mostraron un video en el que él mismo recomendaba no invertir en $LIBRA.

El debate seguirá en el Congreso. La única incógnita es cómo y cuándo se reanudará.