Mientras la política sigue de cerca el accionar de los delegados de PAMI y Anses, la Justicia Federal ya comenzó a activar investigaciones en al menos tres provincias. El foco está puesto en un supuesto sistema de financiamiento partidario basado en la retención de una parte del salario de trabajadores de esos organismos que apunta directamente a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).

En Chaco, por ejemplo, el fiscal federal, Patricio Sabadini solicitó formalmente a la jueza Zunilda Niremperger la apertura de una causa para esclarecer una maniobra que, según denuncias mediáticas y judiciales, consistía en exigir a empleados políticos la entrega de un porcentaje de sus haberes para sostener el aparato del partido. Sabadini requirió una batería de medidas bajo estricta confidencialidad, aunque ya confirmó que se investiga el posible delito de extorsión.

En Misiones, la situación tomó un rumbo similar. El dirigente agropecuario, Samul Doichele, integrante de La Libertad Avanza, radicó una denuncia penal contra Adrián Núñez, actual referente del partido en la provincia. De acuerdo con la presentación, Núñez solicitaba que funcionarios de PAMI y Anses entregaran el 10% de sus salarios mensualmente.

La denuncia también involucró a Samanta Steckler, vicepresidenta del partido a nivel provincial. «Ellos forman parte de la Junta Directiva. Las pruebas incluyen capturas de pantalla donde se observan conversaciones sobre esta operatoria», afirmó Doichele en declaraciones a Tiempo. El escrito fue entregado a la Fiscalía Federal de Misiones, a cargo de Horacio Campitelli, quien aún evalúa los próximos pasos procesales.

Por su parte, en Santa Cruz, una acusación similar fue formulada por Sergio Torres, ex delegado de PAMI en Caleta Olivia. El señalamiento recayó sobre su sucesor, Jairo Guzmán, a quien se lo acusa de haber exigido contribuciones forzadas del 10% tanto a empleados administrativos como a médicos vinculados al organismo.

En este caso, si bien la denuncia fue radicada inicialmente en la Justicia provincial, luego intervino la jueza federal, Marta Yáñez. Ya se realizaron las primeras declaraciones testimoniales, incluido el denunciante, quien compareció ante la Fiscalía federal con documentos y conversaciones que respaldarían sus dichos. Entre las pruebas figura un mensaje enviado por una auditora médica, quien relató haber sido maltratada por las autoridades locales y, además, «obligada a entregar parte de su sueldo bajo amenaza».

En los tres casos, la hipótesis que une las investigaciones es la existencia de una directiva nacional dentro de La Libertad Avanza que habría priorizado la designación de personal afín, siempre y cuando garantizara aportes económicos al movimiento. Así lo explicó el fiscal Sabadini, al referirse a planillas que contienen nombres, fechas y montos transferidos, presuntamente, a jefes de delegaciones.

«La maniobra consistía en condicionar la permanencia en el cargo a la entrega de un porcentaje del sueldo, en un marco de coerción que se ajusta al tipo penal de extorsión», argumentó el fiscal en su presentación. Según fuentes judiciales, se están evaluando los elementos recabados para definir si corresponde avanzar con la instrucción formal de las causas.