La causa por presunto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos se reactivó este martes con la citación como testigos de Mariano Macri, hermano del expresidente, el diputado nacional Diego Santilli y un pedido de informes a la oficina de escuchas telefónicas que depende de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue del juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi, quien ordenó una batería de medidas de prueba, entre ellas las citaciones a declaración testimonial de Mariano Macri, Santilli y también del juez de La Plata Luis Carzoglio, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño y el exfuncionario del macrismo José Luis Vila.

Las audiencias se programaron para marzo próximo, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso luego que la Cámara Federal de Casación resolvió el pase de la investigación desde la justicia de Lomas de Zamora a los tribunales porteños de Comodoro Py 2002.

En diciembre pasado, la sala I de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires revocó los procesamientos dictados en Lomas de Zamora a los extitulares de la AFI en el gobierno de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, consideró que no hubo una «asociación ilícita» y que se trató del accionar aislado de un grupo de espías.

Majdalani, segunda de Arribas en la AFI, quedó procesada por presunto «incumplimiento de deberes» a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como «Súper Mario Bros» por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

En ese fallo del 21 de diciembre pasado, el Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso ahora nuevas medidas y entre ellas, pidió con carácter de «muy urgente» informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de «un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente» entre ese organismo y la AFI «a través de un enlace dedicado o mecanismo similar».

La semana pasada la interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe «si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación», entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los «números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros» entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

Nuevos testivos

La declaración de Mariano Macri quedó programada para el próximo 21 de marzo a las 10 de manera presencial en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

A Santilli se lo citó para el 14 de marzo en relación a que » se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar».

Por su condición de diputado nacional podría prestar testimonio de manera escrita y si opta por esta modalidad el juzgado le enviará un pliego de preguntas.

Caamaño fue convocada por su parte para el 22 de marzo y también podría elegir responder por la misma modalidad.

En el caso de la interventora de la AFI, el magistrado detalló que se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario «Tiempo Argentino» el 25 de diciembre pasado y se le hizo saber que «deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520».

El juez Carzoglio quedó citado para el 28 de marzo «a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano», dos imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo.

Pedido de informes

Al ordenar las medidas de prueba, Martínez De Giorgi pidió informes también al Servicio Penitenciario Federal, al Bonaerense, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre «convenios que hubieren celebrado» con la ex SIDE y su sucesora, la AFI, entre 2010 y 2019.

También pidió al SPB que «con carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata “Melchor Romero”, entre los días 8 y 24 de agosto de 2018.

Además, requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe «la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que, en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia».