
Más allá de la conciliación obligatoria, la decisión de Fernández (UTA) parece ser más de índole política que jurídica, por diferencias con la conducción de la CGT.
Los próximos 9 y 10 de abril la CGT, encabezada por Octavio Arguello convocó a un paro general, el primero del año y el tercero durante la gestión de Javier Milei, sin embargo, no todos los sindicatos se plegaron ya que la UTA, liderada por Roberto Fernández no se suma a la medida de fuerza, lo que generó enojo en un sector de la central obrera.
Desde el entorno de Fernández reconocen que la decisión de no sumarse al paro ya estaría tomada, con dos argumentos principales. Por un lado, la vigencia de la conciliación obligatoria dictada en el conflicto paritario con las cámaras empresarias del transporte, que les impide realizar medidas de fuerza dentro del marco de la disputa laboral.
Por otro, la distancia política del jefe de la UTA con la conducción actual de la CGT y su preferencia por no confrontar con el Gobierno, del que depende buena parte del financiamiento del sistema de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Sin embargo, el último viernes se conoció que la Superintendencia de Servicios de Salud realizó una auditoría sorpresa en la obra social del gremio, administrada por Silvia Bevk, esposa de Fernández, algo que fue interpretado como un mensaje del Gobierno nacional en la previa del paro.
El rol de la UTA será clave para ver si se refuerza o se debilita el reclamo de la Central de Trabajadores. En tanto crecen las versiones dentro del mundo sindical de que UTA negocia por fuera la adhesión o no al paro. «Nos están usando para negociar la propia», señaló un dirigente a InfoGremiales.