El Gobierno evalúa la posibilidad de postular al exjuez Ricardo Rojas como candidato a la Corte Suprema en caso de que el Senado no apruebe los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, o si se avanza en una eventual ampliación del máximo tribunal.

El nombre del abogado comenzó a ganar relevancia en la Casa Rosada luego de la salida de Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro.

Inicialmente, Javier Milei lo consideró como su primera opción para cubrir esa vacante, pero tras mantener reuniones con la mesa chica del oficialismo, su perfil tomó rumbo hacia otro cargo.

Rojas goza de una buena reputación dentro de la administración libertaria debido a su trayectoria y, desde hace tiempo, está en el radar del Gobierno. “Ricardo es una persona brillante y es muy valorado por el Presidente, pero tiene la mentalidad de un juez y no tanto de un abogado, que aunque parezcan lo mismo, son muy diferentes. Un procurador debe ser, justamente, alguien que trabaje para encontrar lugares legales a favor de una parte y no alguien que sea imparcial”, explicó un funcionario tras la decisión de descartarlo como reemplazo de Barra, dejando abierta la posibilidad de que ocupe otro cargo.

Aunque el Presidente aún no le hizo una oferta formal , en el oficialismo ya se elabora un plan alternativo en caso de que los pliegos de Lijo, y especialmente el de Mansilla, no prosperen. “No hubo un ofrecimiento formal para ese cargo. Hasta que el Senado eventualmente rechace los pliegos o Milei los retire, no podrá ser explícito”, afirmó una fuente cercana al abogado.

De acuerdo con información obtenida, Rojas vería con buenos ojos la posibilidad de integrar la Corte Suprema, luego de haber dedicado varios años de su carrera a la magistratura, donde se desempeñó como secretario letrado entre 1986 y 1993. “Es una decisión de Milei y del Senado”, señalaron desde su entorno.

“El Presidente mantiene un estrecho vínculo con Rojas y tiene una admiración por él”, comentaron en la sede del Ejecutivo respecto a la relación entre ambos. Para el Presidente y muchos de sus funcionarios, el abogado es considerado una eminencia: “Está en carpeta hace mucho para ocupar un lugar”.

El jefe de Estado ha mostrado su afinidad con las propuestas del abogado. De hecho, el proyecto para sancionar a los funcionarios que autoricen la emisión monetaria, así como a los legisladores que aprueben un presupuesto con déficit, se inspiró en el libro de Rojas titulado La inflación como delito.

En su currículum, Rojas destaca por haber sido juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 de Capital Federal entre 2001 y 2006, y posteriormente, ocupó el mismo cargo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18 hasta 2011, en la misma jurisdicción.

Después de enfrentar dificultades para lograr la aprobación de los pliegos de Lijo y Mansilla en el Congreso, el Gobierno identificó una nueva vía de negociación a través de los pliegos de los 146 jueces federales. “A los gobernadores les interesa saber quién va a ir a su juzgado y a nosotros nos sirven los votos”, comentó una fuente oficial a este medio.

Por esta razón, a pesar de haber sido anunciados a principios de noviembre, los nombres de los jueces provinciales, fiscales y defensores públicos aún no han llegado a la Cámara Alta.

En este marco, las candidaturas de Lijo y Mansilla tampoco figuran como una prioridad para la oposición en las sesiones extraordinarias.