El ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, rompió esta mañana el silencio tras las irregularidades detectadas en el contrato de control del sistema de la tarjeta SUBE, que derivaron en la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de suspender las actividades y ordenar la intervención de la Auditoría y la Sindicatura de la Nación para que se determine si existió un delito contra la administración pública.

Pese a que el ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo -a instancias de una orden de la presidenta- tuvo que suspender el contrato por la gravedad de las irregularidades detectadas, el ex funcionario criticó a los medios y habló de supuestos "intereses" que "no querían que la SUBE funcione".

Schiavi eligió al periodista Víctor Hugo Morales, en el programa de radio Continental, para dar su versión de los hechos, luego de que la semana pasada Randazzo ordenara la suspensión de la ejecución del contrato y de los pagos al consorcio integrado por Global Infrastructure (GI), del empresario británico Stephen Chandler, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Latasa y González Fischer y Asociados (GFA). Estas firmas eran las encargadas de la supervisión de la tarjeta SUBE .

El ex secretario, sucesor de Ricardo Jaime, afirmó que la suspensión del contrato se debió solo a la denuncia de Marcela Ashley de no haber recibido pago alguno, cuando su nombre figuraba como contratada por una suma de 24.300 dólares. "Esa es la razón por la que el ministro Randazzo, con mucho tino, suspende el contrato", dijo Schiavi, pese a que se registraron y revelaron varias irregularidades más.

LA EMPLEADA CONTRATADA QUE NUNCA SE ENTERÓ

Para el ex funcionario kirchnerista, Ashley "es una persona (que figuraba como) contratada por estas consultoras", ante lo cual no dudó en vincular todo a "una absoluta estafa entre privados, porque los de las otras consultoras sacaron un comunicado, que dice que no quieren saber nada con GI".

""Es una prestación de nombre. El Estado en esto no tiene nada que ver, es una estafa entre privados de las mismas consultoras, que cobran del Banco Mundial", indicó.

CHANDLER, EL RESPONSABLE BRITÁNICO

En al menos tres oportunidades, el ex secretario afirmó que fue en realidad "el Banco Mundial el que contrató y pagó" la consultoría de la empresa de Chandler, sobre quien dijo que era un especialista que había recibido "el aval y el apoyo del gobierno de Gran Bretaña y de la Alcaldía de Londres".

"Chandler cobra 140 mil dólares por mes. Cobra una cantidad de dinero muy grande", admitió el ex secretario de Transporte. Al ser consultado sobre la llegada del currículum de Chandler, dijo que "vino presentado y avalado por el gobierno inglés". "La persona existe, estuvo aquí y tiene las mejores recomendaciones. Es una persona muy conocida en el mundo del transporte", agregó.

"NO FUE LA MÁS CARA NI LA MÁS BARATA"

"El 80% de la calificación de la empresa va a la calidad, y el otro 20% se le da a la calificación de la oferta económica", contó Schiavi, en función de que -desde el primer momento- LA NACION pudo determinar que se había contratado una compañía que había presentado una oferta más onerosa: "La de GI no fue la más cara ni la más barata. Fue elegida por conveniencia y precio". Asimismo remarcó que "se siguió un pliego dado por un organismo internacional" que "los funcionarios actuantes cumplieron al pie del reglamento"

El ex secretario aclaró que se resolvió contratar a GI porque "no teníamos capacidades para controlar el SUBE en la secretaría de Transporte. Tenía una estructura muy pequeña".

UNA INVESTIGACIÓN CLAVE

La licitación para controlar el SUBE quedó bajo la lupa de la Justicia tras la investigación de LA NACION que provocó la cancelación del contrato por orden del Estado. En ese sentido, el fiscal Carlos Stornelli le pidió la semana última al juez Julián Ercolini -a cargo de la causa- que cite a declarar al ex secretario de Transporte Schiavi por haber autorizado la contratación.

Además de Schiavi, el fiscal pidió que fueran citados a declarar como acusados cinco funcionarios del área de Transporte y seis supuestos representantes del consorcio encabezado por Global Infraestructure (GI), al que se le adjudicó la supervisión del SUBE, pese a que había pedido casi diez millones de pesos más que uno de sus competidores.

Fuente: La Nación