La documentación incorporada a la causa judicial acreditó que el jefe de Gabinete no abonó su viaje. La Justicia avanzó sobre posibles delitos y puso el foco en los vínculos personales y comerciales del funcionario.
La investigación judicial sobre el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este dio un giro clave en las últimas horas. La causa confirmó que el funcionario recibió una dádiva, luego de que se acreditara que el vuelo en avión privado fue pagado por una empresa vinculada a un periodista cercano.
Según la documentación incorporada al expediente, la productora Imhouse SA, propiedad de Marcelo Grandio, afrontó el costo total del traslado a través de la firma Alpha Centauri S.A. El comprobante de pago, por casi siete millones de pesos, desmintió la versión pública que el propio Adorni difundió, en la que aseguró que había pagado su parte del viaje.
El dato tuvo fuerte impacto en la causa. La confirmación del pago por parte de un tercero encuadró el hecho dentro de la figura de dádivas, una conducta prohibida para funcionarios públicos por la legislación vigente. En ese marco, la Justicia analizó si existió un beneficio indebido otorgado en función del cargo.
El vínculo entre Adorni y Grandio quedó en el centro de la escena. Ambos mantuvieron una relación personal de años. Además, la productora del periodista participó en contenidos difundidos por la TV Pública, que depende de la estructura estatal bajo la órbita del jefe de Gabinete. Esa superposición entre intereses privados y funciones públicas reforzó la sospecha de un conflicto de intereses.
Las declaraciones de Grandio no lograron despejar dudas. En una primera aparición afirmó: «Pagó con su plata, no con plata del Estado». Sin embargo, luego sostuvo: «Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo». Más tarde ensayó otra explicación, pero la prueba documental incorporada a la causa resultó concluyente.
El fiscal Gerardo Pollicita avanzó con nuevas medidas y solicitó que Grandio declare como testigo para precisar el origen de los fondos. También requirió informes a organismos oficiales para reconstruir el recorrido del vuelo y verificar posibles irregularidades administrativas.
El caso no se limitó al viaje. En paralelo, aparecieron datos sobre una propiedad en un country que no figuró en la declaración jurada del funcionario. El inmueble quedó a nombre de su esposa y se adquirió antes de la presentación oficial de bienes, lo que sumó otro elemento bajo análisis judicial.
En Comodoro Py se acumularon denuncias por distintos delitos, entre ellos malversación de fondos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Con la confirmación del pago del vuelo por parte de un tercero, la figura de dádivas quedó en el centro de la investigación y complicó el panorama judicial de Adorni.
