Bien a su estilo, respetando su base electoral y buscando ser la garante del orden en el Gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo antipiquetes luego de las medidas económicas de fuerte impacto social que tomo el ministro Luis Caputo. 

Pero lo anunciado por Bullrich no solo genera polémica e incertidumbre a la población, sino que genera un foco de conflicto con los gobernadores, y más precisamente con Axel Kicillof  y Jorge Macri. 

A pesar de que ee suponía que cada jurisdicción implementaría las medidas necesarias para impedir los piquetes,  Bullrich dejó declaraciones que crean una zona gris al respecto. «Si hay un delito, las fuerzas federales podrán intervenir en flagrancia», dijo la ministra.

Durante la presentación del protocolo, Bullrich comenzó diciendo que las fuerzas federales actuarían en las zonas federales y las provinciales en su jurisdicción. También dio a entender que las fuerzas federales intervendrían solo a pedido de los gobernadores. «Veremos qué hacemos con una fuerza que no quiere actuar: habrá consecuencias», advirtió Patricia.

Además, la medida parece dificil de ser aplicadas. Los costos de los operativos tambien son una zona gris. Patricia prometió que los costos vinculados a los operativos de seguridad quedarán a cuenta de las organizaciones o los individuos responsables. «El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad», expresó.