Mientras que el municipio de San Isidro dice «intensificar operativos contra los cuidacoches», lo cierto es que el gobierno local continúa hostigando a los que menos tienen. Tras las luces del pomposo «polo gastronómico» del bajo de San Isidro se esconde la realidad de muchos vecinos y vecinas del barrio quienes intentan ganar dinero honestamente realizando el cuidado de los vehículos de quienes concurren a la zona.

El municipio se ampara en una ordenanza del año 2015 que deja «expresamente prohibida la solicitud y/o exigencia de dinero por parte de los cuidacoches» pero en ningún momento condena la actividad. Es decir, no se permite exigir un pago por dicha tarea, pero no se prohíbe la realización del trabajo. Luego, si quienes concurren a los bares y restaurantes deciden pagar voluntariamente, la actividad es completamente lícita. De igual forma, la ordenanza jamás habilita a reprimir dicha actividad con la violencia que se está ejerciendo.

Amenazas y un uso ilógico de las fuerzas de seguridad son las herramientas con las que la Municipalidad de San Isidro actúa. Estos hechos no resultan novedosos puesto que esta gestión se caracteriza por resultar impune ante cada caso de violencia institucional.

Los vecinos y vecinas que sufren estos ataques están nucleados en el comedor «Crecer con futuro», una organización barrial que desde hace tiempo trabaja para que la gente del bajo de San Isidro pueda tener un plato de comida en sus casas. Lo curioso de la situación es que quienes trabajan como cuidacoches son vecinos y vecinas del mismo barrio. Están identificados por los dueños de los locales gastronómicos que, lejos de reprimir su labor, se solidarizan.

De esta manera, la mirada del ejecutivo de San Isidro sigue siendo la misma de siempre. Distingue un problema en la presencia de los cuidacoches, pero ignora que estas personas son vecinos y vecinas que necesitan trabajar. Lejos de buscar una solución al problema real, utilizan la fuerza y las amenazas demostrando lo poco que le importan algunos sectores del distrito y lo poco que tienen en cuenta a la economía popular.

Con igual sintonía se manejan con cartoneros, vendedores ambulantes quienes a diario viven las persecuciones por desarrollar sus tareas en el distrito. Otro de los sectores perseguidos por las patrullas municipales son las personas en situación de calle. Como si su situación no fuera suficiente, también deben lidiar con los ataques de los efectivos locales quienes no sólo amedrentan sino también secuestran todo tipo de pertenencias (colchones, frazadas, ropa) quitándole lo poco que tienen.

Para la municipalidad, la cuestión en juego está en la defensa de los espacios públicos. Lo irónico es que, si un pibe o una piba de un barrio popular te cuida el auto en la puerta de un bar o un restaurant y, cuando salís, te pide una ayuda «a voluntad» se trata de una apropiación del espacio público, pero sí en otros barrios de elite se colocan canteros, maceteros o hasta barreras prohibiendo el paso, las patrullas no reaccionan de igual manera, ahí nadie resulta amenazado, nadie resulta perseguido. Es extraño, es injusto, así es San Isidro.