Silvia Bartoli, titular del Jardín Maternal y ONG “Rincón de los Olivos”, pelea hace años esta batalla legal contra la estructura oficialista del distrito. Acusa que desde el Municipio no le entregaron los subsidios correspondiente para darle de comer a más de 50 chicos -hace 7 años, hoy son más de 100- y que el gobierno provincial bajaba correspondientemente cada mes. En aquel entonces, Ana Astobiza era la Directora de Comedores dentro del área que ocupaba la Primera Dama Comunal Lidia Naim, la secretaría de Desarrollo Humano. Cuando la actual diputada nacional del ARI se fue al Congreso, Astobiza tomó el lugar que ocupa actualmente y también fue candidata a concejal el pasado 28 de octubre.

En este contexto, el lunes 19 de noviembre, a las 9 horas, comenzó el juicio oral y público contra la Secretaria de Desarrollo Social de San Martín, Ana María Astobiza, causa 1042; en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 6, en Tucumán 2192. El fiscal Ledesma y la defensora, Dra. García, se presentaron ante el juez Yutis a las 9 horas. Finalmente, la audiencia en la que declararan 19 testigos comenzó a las 10:45.

En la esquina de Tucumán y Matheu se concentraron una veintena de personas con carteles y tambores para apoyar y cantar a favor de Ana Astobiza. Tan peculiar parecía todo, que en el receso de las 11:40, luego de que declarara Bartoli, en la puerta del juzgado se improvisó una oración con manos en alto pidiéndole al Señor “fuerza y justicia” para Astobiza.

El aparataje oficialista y la urgencia marginal escribió carteles religiosos y banderas prolijas, con muy poco de artesanal, a favor de la funcionaria que se tomó un Gatorade con sus simpatizantes a la sombra de los árboles.

Antes de este simpático episodio, declaró la denunciante. Silvia Bartoli explicó cómo comenzó su proyecto del comedor “Rincón de los Olivos”, en Barrio Libertador, Loma Hermosa. Dijo conocer a Astobiza como funcionaria y mencionó varias veces a “la señora del intendente”, afirmó haber tenido una reunión con ambas cuando reclamó por los subsidios que no llegaban.

Bartoli declaró que alguien le avisó que “la estaban durmiendo” con los pagos, “que llegaba la plata para el comedor desde el Ministerio” y que “no se la daban”. Explicó que Astobiza “estiraba” la entrega porque “eran nuevitos que recién empezaban” y que “no iban a ver un peso”. Ese dinero lo cobraba una biblioteca popular del barrio, a cargo del señor Negrete y de Luisa Barroso, que sí tenían la personería jurídica y que, según Bartoli, “eran punteros de ellos”.

El comedor se edificó gracias a un crédito que pidió el esposo de Bartoli, un chofer de colectivo con un sueldo de 2 mil pesos que generó la sorpresa de la abogada defensora García. Hoy por hoy, ya con la personería, el comedor recibe un subsidio de casi 5 mil pesos.

Luego del cuarto intermedio declaró Gerardo Cano, sub director de Políticas Alimentarias del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Afirmó que el convenio con la Municipalidad es del año 2000, que se trata de un convenio que subvenciona a niños en educación, alimentos y cuestiones sanitarias.

La Provincia transfiere un presupuesto a la Municipalidad que debe rendirlos de acuerdo a la nómina de niños asistidos en el ciclo, según un formulario de altas y bajas, y que tiene la obligación de rendir cuentas de inversión de fondos por mes según declaración jurada. Ese dinero debe destinarse para alimentos, funcionamiento o gastos de organización.

Cano afirmó que “no hace falta que las Instituciones tengan personería jurídica para ir al Municipio”, y que el mismo es responsable de los fondos. Luego agregó que “se mencionó una biblioteca pero no nos interesa, es irrelevante”, ya que el responsable sigue siendo el Municipio.

Luego declararon otros testigos y en el juzgado informaron que el fallo se producirá, con seguridad, el lunes 26 de noviembre.